El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informó que de 2005 a 2010 realizó 88 intervenciones de comunicaciones privadas a personajes de la política, empresarios, presuntos narcotraficantes y otras personas cuyos nombres determinó mantener en reserva.

“Revelar dicha información –argumentó– potencia una situación de vulnerabilidad en la cual se pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de dichas personas, así como de sus familiares y amigos. Como es de entenderse, la divulgación de esta información puede, en primer lugar, vulnerar la integridad y salvaguarda de las personas que están siendo investigadas, y en segundo, podría entorpecer o incluso sabotear dichas investigaciones”.

En respuesta a una solicitud de información, el Cisen refirió que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, en 2005 –que autorizó a ese centro realizar dicha práctica–, cuenta con los registros de intervenciones telefónicas, pero no del periodo de 1994 a 2005.

De acuerdo con los registros estadísticos que proporcionó el Cisen, 2008 fue el año en que mayor número de intervenciones telefónicas realizó (19), seguido de 2009, cuando efectuó 18.

Asimismo, en 2006 y 2007 realizó 16 cada año, en 2010 reportó 15 y cuatro en 2005.

El Cisen destacó que las intervenciones telefónicas se han realizado conforme a la esfera de su competencia, vinculada con la generación de inteligencia sobre amenazas a la seguridad nacional.

El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación omitió especificar la temporalidad de la reserva de los datos referidos, cuya clasificación motivó la presentación de un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), que este miércoles evaluará éste y otros 50 casos, aproximadamente.

Entre ellos está la reserva que por 12 años determinó la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de un listado que le fue requerido con la adscripción, numeral y ubicación de los cuerpos del Ejército, divisiones, brigadas, compañías, batallones, regimientos, escuadrones y baterías tanto de armas, como de vuelo y servicio del Ejército y las fuerzas armadas. Su difusión, indicó, permitiría conocer la ubicación de las instalaciones y operaciones militares, y con ello se incrementaría el riesgo de ataques sistemáticos al personal castrense por integrantes del narcotráfico y la delincuencia organizada.