Tras confirmar que Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó investigaciones contra 75 empleados por robo de combustible, de los cuales 44 han sido separados de sus cargos, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la paraestatal realizar una búsqueda exhaustiva en su área jurídica e informar en detalle sobre los casos de hurto reportados de 2000 a 2010.

Pemex había declarado inexistente la información sobre el número de empleados despedidos por participar o facilitar robo de hidrocarburos en sus instalaciones. Según la paraestatal, no tenía datos en detalle requeridos por el solicitante.

Por ello el comité de información de Pemex confirmó la inexistencia de los datos solicitados. Ello después de una búsqueda en archivos de la gerencia de servicios de seguridad física, así como en los de trámite, concentración y en los sistemas institucionales de la subdirección de recursos humanos y relaciones laborales.

La comisionada ponente del recurso, María Elena Pérez-Jaén, observó que Pemex, lejos de ejercer la suplencia de la queja en favor del solicitante (entregar los datos, aunque no estén registrados como refirió el peticionario), sólo dijo que la información solicitada era inexistente en los términos requeridos.

De acuerdo con los argumentos de la resolución, la comisionada ponente constató con fuentes oficiales que a partir del siniestro ocurrido en el oleoducto de 30 pulgadas de diámetro en Nuevo Teapa-Venta de Carpio, en San Martín Texmelucan, Puebla, la paraestatal difundió información relacionada directamente con el robo de hidrocarburos.

También ubicó la existencia de un grupo interinstitucional (GI) para el combate al robo de combustibles de Petróleos Mexicanos, cuyo objetivo es desactivar redes de corrupción que faciliten la operación de las organizaciones delictivas dedicadas al robo de hidrocarburos.

En documentos del GI se localizó la comparecencia del director general de Pemex, Juan José Suárez, ante el pleno de las comisiones de Hacienda, Agricultura, Comunicaciones y Obras Pública de la Comisión Permanente del Congreso, en los que se habla de los avances de dicho grupo en la desactivación de redes de corrupción.

Ahí se plantea que 75 trabajadores de Pemex enfrentan procesos de investigación y 44 han sido separados de sus cargos.