La Cámara de Diputados autorizó otorgar 443 millones de pesos para subsidiar la puesta en marcha en las entidades de los juicios orales en materia penal durante 2011, según consta en documentos administrativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), que preside Felipe Borrego.

Magistrados de circuito y consejeros de la Judicatura Federal consultados por La Jornada –quienes aceptaron hablar sobre el tema presupuestal sin dar sus nombres– precisaron que ese subsidio se incrementó 36 por ciento con relación al autorizado para 2010.

Los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) aseguraron que esos recursos son insuficientes para hacer frente a las necesidades de infraestructura que requiere el nuevo sistema de justicia penal de corte oral y adversarial, pues, entre otras cosas, se necesitan construir en todo el país decenas de salas judiciales adecuadas para la aplicación de dicho formato.

Añadieron que sigue siendo mínimo ese subsidio en comparación con los recursos federales que la Secretaría de Gobernación canaliza a los estados del país para tareas de seguridad pública, que en 2011 ascenderán a 6 mil 703 millones de pesos, unos 210 millones para cada estado.

El proyecto de presupuesto enviado por Gobernación en 2011 (para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal) sólo contempló 447 millones, de los que la Cámara rebajó poco más de 3 millones.

Según consta en información de la Setec, durante 2010 esa dependencia recibió solicitudes para 92 proyectos de capacitación, infraestructura, tecnología de la información, difusión y reorganización. Dichos proyectos fueron propuestos por tribunales superiores de justicia y procuradurías de 26 entidades.

Hasta ahora, Sonora y Baja California Sur son los dos estados más atrasados en materia de aplicación de subsidios para el nuevo sistema de justicia penal. Ambas entidades sí solicitaron fondos para tres proyectos por un total de 5.2 millones de pesos, pero Sonora eventualmente no presentó los documentos necesarios, por lo que no recibió los 744 mil pesos que pidió para capacitación.

De los 325.5 millones de pesos contemplados para repartir el subsidio, se ejercieron 312 millones, y cinco entidades concentraron 53.7 por ciento de los fondos: Baja California, Hidalgo, Yucatán, Morelos y Distrito Federal.

Las entidades que recibieron mayor subsidio federal para infraestructura y equipo para juicios orales en 2010 fueron Baja California (53.7 millones), Hidalgo (35 millones), Yucatán (30.5 millones), Morelos (26.8 millones), Distrito Federal (23 millones) y estado de México (21.8 millones).