A la espera de que el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del estado de México retome la discusión sobre la petición de Nextel para que niegue a Grupo Iusacell la suspensión definitiva sobre la licitación 21, la empresa estadunidense, socia de Televisa en ese concurso, retomó los argumentos del decimoctavo tribunal, que le concedió la razón, y afirmó que la declaratoria de vencedoras a favor de las terceras perjudicadas es prueba de que el Estado obtuvo el mayor beneficio económico posible, y refleja la inclusión de un nuevo competidor en el mercado, con el fin de que los usuarios de telecomunicaciones obtengan mayores beneficios al existir competencia en el sector.

Sin embargo, los argumentos de Iusacell consisten en que la Cofetel y la SCT ocasionaron un daño patrimonial por 5 mil millones de pesos al Estado mexicano, al entregar espectro en sólo 180 millones 300 mil pesos en un concurso diseñado para que sólo pudiera participar la entonces sociedad Televisa-Nextel, y con las condiciones impuestas se pudieran hacer de 30 magahercios de la frecuencia de 1.7 gigahercios.

Grupo Iusacell y empresas filiales interpusieron más de 60 recursos legales entre amparos y suspensiones en distintas etapas de la licitación, desde la elaboración de las bases hasta la entrega del título de concesión y la explotación del espectro concesionado.

Hace unos días el decimoctavo tribunal colegiado en materia administrativa le dio la razón al gobierno federal y con ello a Nextel como tercera perjudicada en el caso de la licitación 21, al rechazar la suspensión definitiva del proceso promovida por Telecomunicaciones del Golfo, filial de Grupo Salinas.