Las conclusiones a las que llegó el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo tras su visita a México, en el sentido de que el Ejército no ha logrado abatir los niveles de violencia y sólo ha provocado más ataques a las garantías individuales, confirma de nuevo el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, señalaron integrantes de organizaciones civiles.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la comunidad internacional constata cada vez más las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país en nombre de la seguridad.

Ante dicho escrutinio, el gobierno mexicano afirma que respeta y aplaude la intervención de los observadores, pero luego descalifica sus conclusiones e incluso ignora el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El activista recordó que además de la delegación de europarlamentarios, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas ya había señalado que el Ejército se ha convertido en uno de los principales violadores de las garantías individuales en el país, sin que las autoridades acusen recibo de ello.

Es lamentable, dijo, que ante un fenómeno de tal gravedad el gobierno no haya tomado acciones serias para cumplir con el fallo de la CIDH sobre el caso de Rosendo Radilla, y responda con frivolidad que los únicos shots (tiros) que reciben los turistas en México son de tequila.

De su lado, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que las conclusiones de los diputados europeos no hacen más que confirmar lo que durante años han advertido organizaciones no gubernamentales.

Las condiciones de seguridad en el país se han vuelto cada vez más precarias, por mantener a ultranza una política que sólo está generando un saldo sangriento para la población civil, en una guerra que nadie pidió y con la que nadie se siente involucrado, dijo.

El sociólogo, ganador del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, manifestó su deseo de que el gobierno atienda las críticas, y cambie su estrategia de seguridad pública.