Ante cuestionamientos de los integrantes del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en torno a la violación de garantías fundamentales de mexicanos a manos de militares que combaten al crimen organizado, senadores de PAN y PRD salieron en defensa del Ejército.

El panista Juan Bueno Torio advirtió que por uno o dos casos aislados no se puede hablar de que el Ejército ande violando los derechos humanos por todos lados. Sostuvo que las fuerzas armadas han tomado muy en serio su papel de coadyuvar con el Estado mexicano a resolver la inseguridad y la criminalidad.

Aseguró que los soldados con sus propios cuerpos protegen a los civiles. Igualmente, el senador del PRD José Luis Máximo García Zalvidea sostuvo ante los parlamentarios europeos, con los que ayer se reunieron, que el Ejército Mexicano tiene una imagen maravillosa en el país, pero el problema es que fue involucrado en la tarea de combatir al crimen organizado, para la que no estaba preparado.

Los dos senadores fueron los únicos asistentes –de un total de 17 integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones con Europa– al encuentro con la delegación del Parlamento Europeo. Tampoco llegó nadie de la mesa directiva, ni de la Junta de Coordinación Política de esa cámara del Congreso.

Durante la reunión, en la sede senatorial de Paseo de la Reforma, los visitantes coincidieron en la preocupación por los casos de impunidad ante agresiones e incluso muertes de ciudadanos a manos de militares. El diputado Richard Howitt, presidente de la delegación europea, recalcó que el proyecto de Ley de Seguridad Nacional –que se dictamina en San Lázaro– no se compromete con los derechos humanos en ninguna cláusula específica.

Hizo notar que le han informado que esa laguna permitirá que continúen violaciones de militares a las garantías fundamentales de los mexicanos. También integrante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Howitt resaltó que en el proyecto de Ley de Seguridad Nacional los militares seguirán siendo el vehículo principal para combatir a la delincuencia organizada y preguntó por qué los casos de desapariciones extrajudiciales se dejan en tribunales castrenses, en lugar de civiles.

México tiene toda la simpatía del mundo en su lucha contra el narcotráfico, dijo, por su parte, la diputada lituana Laima Liucija Andrikiene, pero se preguntó por qué los abusos de militares no se llevan a tribunales civiles, como recomienda la ONU.

Bueno Torio rechazó que el Ejército viole derechos humanos. Por encuestas sabemos que es la institución con mayor credibilidad y confianza del país. Agregó que en el caso de que hubiera excesos, sin duda serán sancionados, ahora por tribunales militares y cuando esté lista la legislación, por civiles.

Resaltó que el Ejército Mexicano en forma alguna pueda compararse con militares de otras naciones, como los que participaron en la Guerra del Golfo Pérsico, que sí cometieron excesos contra la población.

Adaptación y desgaste

El perredista García Zalvidea dijo que los integrantes de las fuerzas armadas que participan en el combate al crimen organizado han tenido que adaptarse en el terreno, en la línea de combate. Y estar en la línea de fuego implica un desgaste que están sufriendo los propios soldados.

Contra el discurso que su fracción mantiene, ayer García Zalvidea agregó que en el marco a la lucha contra el narcotráfico, los militares tienen que enfrentarse a tácticas que no son las de un ejército formal, sino de guerrilla, de golpear y desaparecer, lo que crea una tremenda vulnerabilidad en contra de la población civil.

El Ejército sí tiene la obligación de respetar las vidas de los civiles, pero la delincuencia organizada no tiene ninguna consideración ante las bajas lamentables de ciudadanos. Expuso que dentro de las fuerzas armadas los militares debieran ser respaldados por una estructura que defienda sus derechos humanos.

Piden reforma al código de justicia castrense

Fernando Camacho Servín

Pese al uso del Ejército en seguridad pública, los índices de violencia en el país no han bajado. En cambio ha habido cada vez más militares involucrados en ataques graves contra las garantías individuales, advirtieron los miembros del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, quienes ayer concluyeron una visita a México.

En conferencia de prensa, los europarlamentarios señalaron que los temas que dominaron su agenda, además de la creciente militarización de la vida pública, fueron la necesidad de crear un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, la implementación de reformas básicas en el sistema judicial del país, y la resolución del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

La delegación visitante –Richard Howitt (Gran Bretaña), Heidi Hautala (Finlandia), Laima Andrikiene (Lituania), María Elena Koppa (Grecia) y Marian-Jean Marinescu (Rumania)– se entrevistó, del 18 al 20 de mayo, con legisladores, funcionarios, periodistas y activistas de derechos humanos, y visitó con particular interés el estado de Oaxaca.

Tras remarcar la importancia que la Unión Europea da a los derechos humanos en los países con los cuales firma cualquier tipo de tratado, los representantes llamaron al gobierno mexicano a promover una reforma del Código de Justicia Militar, para que cualquier violación grave a las garantías individuales cometida por soldados pueda ser juzgada por cortes civiles ordinarias.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistió Koppa, el fuero militar debe ser modificado para evitar que las fuerzas armadas se conviertan en juez y parte cuando analicen abusos contra civiles. Afirmó que la seguridad nunca puede ser pretexto para violar los derechos básicos de la ciudadanía.

Richard Howitt advirtió que la violencia en México no ha descendido, pese a la gran cantidad de uniformados que cumplen tareas de seguridad pública, de forma contraria a lo que establece la Constitución.

El balance en este terreno, aseveró la lituana Andrikiene, no es nada alentador, pues la actuación militar no ha cumplido con el marco jurídico del país, y no parece seguir una estrategia definida.

Especial énfasis mereció para los legisladores el asesinato de Cariño y Jaakkola, ejecutados por paramilitares el 27 de abril de 2010, durante una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad triqui de San Juan Copala.

Heidi Hautala, presidente del subcomité del Parlamento Europeo, indicó que viajaron a Oaxaca porque sabemos que ahí hay serias violaciones a las garantías individuales, aunque ensalzó la voluntad del actual gobernador de la entidad, Gabino Cué, para debatir sobre el tema.

México, señaló, tiene la capacidad de resolver los crímenes, y éste es un momento clave para hacerlo, luego de la aprehensión del líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, Rufino Juárez Hernández, acusado por la muerte de Cariño y Jaakkola.

La delegación llamó a acabar con la impunidad en el país, y garantizar que cualquier agresión contra sectores vulnerables, como mujeres, migrantes, indígenas o defensores de derechos humanos, sea investigada y juzgada.