El rescate de mineros realizado en un pozo de Sabinas, Coahuila, demuestra que es posible la recuperación de los cuerpos de los 65 trabajadores muertos en la explosión de Pasta de Conchos –en 2006– y que el presidente Felipe Calderón podría, si quisiera, dar un cambio de rumbo a la región carbonífera de Coahuila y atender el llamado de las familias afectadas por las prácticas inhumanas que se llevan a cabo en dicho sector, por lo que urge que ordene el reinicio de la recuperación de cuerpos de los mineros muertos hace más de cinco años

En la misa que ayer celebraron los integrantes de la Familia Pasta de Conchos afuera de Grupo México para recordar que llevan 63 meses de lucha, plantearon la necesidad de una solución integral al problema de la minería clandestina e ilegal que se lleva a cabo en la región carbonífera; señalaron que mantienen la petición de audiencia con el presidente Calderón y que se pidió la intervención del Vaticano en la lucha por la recuperación de sus familiares muertos.

También informaron que ante la demanda interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Pasta de Conchos, el Estado mexicano manifestó al organismo mundial que se han realizado todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar. Claramente, el Estado no reconoce la inexistencia de inspecciones efectivas, la ausencia de suspensión de las minas que laboran en irregularidades ni que la impunidad que prevalece en los casos precedentes ha desencadenado una creciente siniestralidad en los yacimientos de carbón y plantas de beneficio, en las que han muerto más de 60 mineros del carbón, incluidos los 14 de Sabinas, entre 2006 y 2011.

Según indicó el organismo ante la CIDH, el Estado argumenta, sin fundamento, que la petición formulada por la Familia Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Centro Prodh y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral no es admisible, debido a que se ha cumplido con todas las reparaciones a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos, y señaló incluso que humanamente no es posible el rescate, lo que es inmoral.

Para esta organización, la respuesta del Estado a la CIDH muestra la falsedad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la de Energía, exhibidas con lo sucedido en Sabinas, donde los rescatistas y mineros de la región sacaron a los fallecidos, como siempre han hecho, excepto en Pasta de Conchos.

Además –dijo–, la Secretaría de Economía canceló en febrero la concesión de la Mina Lulú, y ahora la del pocito 3, pero no la de Pasta de Conchos, y anuncian que se fincarán responsabilidades a los dueños de la empresa, cuando lo que hizo el gobierno del actual dirigente del PRI (Humberto Moreira) fue fincar responsabilidades a los ingenieros de la empresa, y la PGR determinó enviar la investigación a reserva.

En el accidente de Sabinas se determinó otorgar pensiones a las familias y al niño siniestrado, que no están registrados en el IMSS.