El gobierno mexicano tiene condicionado el cambio de título de concesión a Teléfonos de México (Telmex) a que esta empresa acepte de forma incondicional compartir su infraestructura con todos sus competidores, y cobrar sólo precios regulados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), lo que equivale a desagregar todos los elementos de la red y su uso por todas las empresas del sector, señaló el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ramiro Tovar Landa.

Telmex ha señalado que acatar ese mandato equivale a la expropiación de la infraestructura en la que durante años ha invertido miles de millones de dólares, por lo que desde hace un par de años se amparó en contra del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTFII), en el que el regulador definió que, junto con el PTFII, la Cofetel busca que los operadores de telefonía, pero en especial Telmex, se acojan al Convenio Marco de Interconexión. A decir del regulador, la aceptación del convenio por Telmex sería la última condición para cambiar el título de concesión de la telefónica y con ello permitirle la entrada al negocio de la televisión de paga.

Sin embargo, la empresa no reconoce esa condición y a decir de especialistas del sector se trataría de una nueva traba que protegería en especial a los cableros.

Tovar afirmó que el Ejecutivo federal, a través de la Cofetel y de la SCT, ha condicionado permitir la entrada de Telmex al mercado de redes de convergencia plena de servicios de telecomunicaciones a la aceptación incondicional de la regulación basada en la compartición de infraestructura con todas las redes competidoras a precios regulados, paradigma regulatorio basado en la desagregación de todos los elementos de una red de telecomunicaciones y su uso por todos los operadores, bajo términos y condiciones fijados por la autoridad.

Explicó que el plan técnico y el convenio marco al que la autoridad pretende someter a Telmex surgieron dos años después del Acuerdo de Convergencia, en el que se le condicionó a dar interconexión, interoperabilidad de redes y portabilidad numérica para permitirle la entrada al negocio de audio y televisión de paga, por lo que calificó al gobierno de actuar con oportunismo regulatorio. Afirmó que el Acuerdo de Convergencia de 2006 no definió el modelo económico de regulación en interconexión que prevalecerá una vez cumplido, sólo definió la obligatoriedad de interconexión de redes.