Mantiene abierta una averiguación previa contra 5 funcionarios
Martes 17 de mayo de 2011, p. 14
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta una averiguación previa en contra de al menos cinco ex funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes, además de presuntamente vender indocumentados al grupo delictivo Los Zetas, enfrentan acusaciones por supuestos abusos sexuales en contra de jóvenes migrantes, a algunas de las cuales obligaron durante varios meses a prostituirse.
Esta indagatoria forma parte de las pesquisas que se abrieron contra 40 funcionarios del INM que son investigados por varias conductas delictivas, que van desde actos de corrupción y cohecho hasta coparticipación en el delito de delincuencia organizada.
Las indagatorias se desahogan en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, como parte de una estrategia de depuración del INM, que pretende limpiar a la institución de elementos vinculados con actos de corrupción.
En tanto, fuentes ministeriales revelaron a La Jornada que los fiscales federales que investigan esos hechos preparan citatorios dirigidos a delegados del INM y otros funcionarios de esa institución para que sean interrogados en los próximos días por los agentes del Ministerio Público Federal, a fin de que puedan aportar indicios claves que ayuden a fortalecer las acusaciones contra los agentes migratorios que actualmente se encuentran bajo arraigo.
El pasado domingo, el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, informó en conferencia de prensa que entre agosto de 2010 y abril de este año han sido cesados 200 servidores públicos del organismo; a 40 se les inició proceso penal.
Beltrán del Río anunció que a partir de esta semana se iniciarán en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas exámenes de control de confianza y toxicológicos, y se aplicará la prueba del polígrafo a mil 500 funcionarios adscritos a esas entidades.
En ese contexto, el pasado fin de semana, durante un foro sobre trata de personas efectuado en Tapachula, Chiapas, una adolescente hondureña denunció que funcionarios del INM abusaron de ella y la obligaron a prostituirse por más de ocho meses en antros de Frontera Comalapa, en esa entidad.
La denunciante precisó que Raúl Vázquez Damián y Carlos Moreno la golpearon y la amenazaron para no dar a conocer los hechos.
Según el Registro de Servidores Públicos, Vázquez Damián ocupa cargos en la delegación del INM en Chiapas desde 2005. Carlos Moreno ocupó también los puestos de encargado de turno en la estación de Tapachula y subdelegado en Ciudad Cuauhtémoc.
La menor, quien se encuentra bajo la protección del consulado de su país, narró que los prostíbulos de Frontera Comalapa pagan 14 mil pesos por cada mujer que les es entregada.
Aseguró que las autoridades de migración y del gobierno estatal protegen a la red de trata de personas que opera en la zona.
