a semana pasada se trasmitió un reportaje en el programa NewsHour de la cadena PBS, realizado por Alissa Figueroa, estudiante de periodismo en la Universidad de California en Berkeley. En él se describen las reacciones en torno a las negociaciones entre la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos (Home Land Security) y una corporación privada para construir una prisión en las inmediaciones de la ciudad de Mendota, en el estado de California, cuya administración estará a cargo de esa misma corporación.

El recinto será usado principalmente para albergar a los indocumentados que están sujetos a un proceso judicial o en espera de ser deportados. Del reportaje se deriva cuando menos una paradoja.

Uno de los granjeros entrevistados señaló que, a pesar de que en California el nivel de desempleo es de 12 por ciento, son los migrantes, muchos de ellos indocumentados, los únicos dispuestos a cultivar y cosechar en su empresa. En otras palabras, sin la mano de obra indocumentada su negocio no podría funcionar.

El alcalde de la ciudad de Mendota dijo que 93 por ciento de los habitantes de la ciudad dependen del empleo que ofrecen las granjas aledañas, por lo que es necesario diversificar la economía. Tomando en consideración que el año pasado el desempleo ascendió a 40 por ciento debido a la inestabilidad del trabajo, que depende de la agricultura, el Cabildo de la ciudad, encabezado por el alcalde, vio con buenos ojos la posibilidad de que se construyera la prisión, que ofrecería trabajo permanente a buena parte de los residentes de la ciudad.

El problema es que, independientemente de lo incongruente de que las prisiones se conviertan en negocio privado y los presos en mercancía –el sistema penitenciario se mantiene con impuestos, por lo que el trabajo de los presos debe redituar a la sociedad, no a una corporación–, la ironía es que la cárcel probablemente se use precisamente para quienes trabajan en el campo, la mayoría indocumentados, que por ahora son los únicos que aportan recursos a la ciudad.

El asunto raya en la esquizofrenia si se considera que, mientras más presos (indocumentados en este caso) tenga la prisión, será más redituable para la empresa que la administra, pero mayor será el daño a la agricultura. De acuerdo con uno de los granjeros entrevistados, lo más probable es que quienes trabajan en las granjas se sientan amenazados y se alejen de la zona ante la nada remota posibilidad de que ellos sean los próximos huéspedes de la prisión.

Mientras tanto, el ejemplo de la ley Arizona ha cundido y ahora en Georgia y Utah se han promulgado leyes similares. Como en el pasado, la crisis económica incrementa los sentimientos de xenofobia, con la novedad de que ahora también es motivo de decisiones absurdas, como la de privatizar el sistema carcelario, como ilustra el caso de la ciudad de Mendota.

Además de la demagogia a costa de los indocumentados, ahora se inventan nuevas formas de lucrar a costa de ellos.