Amnistía Internacional (AI), en su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo 2011, afirma que en México el Ejército y las policías desplegadas para combatir al crimen organizado y el narcotráfico fueron responsables el año pasado de violaciones graves de derechos humanos: homicidios, desapariciones forzadas de personas, tortura y detenciones arbitrarias, sin que hasta el momento ningún militar haya sido condenado por perpetrar estos delitos.

En el informe 2011 de AI, que da cuenta de la situación de esas garantías en 2010, se destaca que en México la impunidad fue la norma en los casos de violaciones de derechos humanos y que persistieron deficiencias en el sistema judicial.

Subraya que el sistema de justicia penal incumplió a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitó enjuiciamientos por motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado del arraigo.

Resalta que se sospechaba  que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes; la forma violenta como murieron transeúntes y otros ciudadanos, obligó a que miles de personas huyeran de sus hogares. La violencia se extendió a nuevas regiones, y rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes.

AI hará público su informe a escala mundial este viernes, y en el capítulo dedicado a México señala: “Según informes del gobierno, hubo más de 15 mil muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en los estados del norte. La mayoría se produjo en conflictos entre cárteles de la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad”.

Agrega que en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron 3 mil personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes, y en varios estados hubo ataques contra centros de rehabilitación para drogadictos, que se saldaron con la muerte de decenas de pacientes.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos refiere en el informe la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto pasado,  lo que reveló la escala y el carácter sistemático de los abusos co metidos contra ellos.

Afirma que tampoco hubo avances en la lucha para poner fin a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidos durante la “guerra sucia (1964-1982)”.

AI asevera que “hubo nuevos informes de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del Ejército, y como ejemplo cita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre informó que había investigaciones abiertas por más de un centenar de quejas de homicidios cometidos por las fuerzas armadas contra civiles en los últimos 18 meses.

Indica que el sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre los casos en que se encontraban implicados militares en violaciones graves de derechos humanos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Durante el año (2010) no se supo de ningún militar en activo condenado por esos delitos.

Sostiene que las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada a la jurisdicción militar no garantiza que las violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema castrense.

En el informe de AI se citan los casos de los alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Francisco Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes murieron el 19 de marzo de 2010 cuando unos militares abrieron fuego contra presuntos miembros de una banda de delincuentes.

Una investigación de la CNDH reveló que los militares colocaron armas a los estudiantes para inculparlos y destruyeron pruebas del lugar del crimen para acusarlos falsamente de pertenecer a la banda de delincuentes. Al concluir el año no había noticias sobre avances en las investigaciones, destaca AI.

También cita el caso de los hermanos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años de edad. Según testigos, los niños iban en un automóvil con sus papás. Las autoridades militares y civiles negaron la responsabilidad de los militares, pero la CNDH demostró que se había alterado la escena del crimen y que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. El caso seguía bajo jurisdicción militar y no se tuvo conocimiento de algún avance en las indagatorias.

AI también señala que continuó recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, cometidas por policías federales, estatales y municipales. Advierte que la reforma a la policía se vio debilitada por no establecer controles de supervisión creíbles y no realizar investigaciones penales efectivas contra abusos en derechos humanos.

En el caso de los migrantes, Amnistía Internacional reporta que de las “decenas de miles que atraviesan México en dirección a Estados Unidos, muchas mujeres fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes.

Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la complicidad o aquiescencia de las policías federal, estatal y municipal.

Además, en México continuaron las amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron asesinados. También defensores de derechos humanos fueron atacados y acosados.

Acerca de las mujeres, sostiene que las medidas legislativas fueron insuficientes para  prevenir y castigar la violencia contra ellas, incluso niñas.

Durante al año murieron violentamente 300 mujeres en el hogar y la comunidad. Al menos 30 cadáveres presentaban lesiones que indicaban que habían sufrido tortura y violencia sexual.