a crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con el crimen organizado, por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.

1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.

2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron seguridad en el discurso pero en los hechos la colombianización de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.

3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al crimen organizado, es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.

4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?

5. El pueblo de México no se equivoca, de ahí que la marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, que culminó en la ciudad de México el 8 de mayo como una expresión colectiva de dolor y de duelo, iba dirigida no a los cárteles (como al día siguiente pretendieron la mayor parte de los medios), sino al gobierno de Felipe Calderón, responsable de haber llevado al país a este baño de sangre: no por equivocación ni por torpeza –como pretendían muchos de los coorganizadores de dicha marcha-caminata, que buscaron coparla y desviarla de su sentido más profundo–, sino por una decisión política amoral y criminal de los gobernantes actuales que busca privilegiar los intereses de unos cuantos beneficiarios del régimen y hacer viable la injerencia de Washington en los asuntos internos de México como consecuencia de la colombianización impuesta, en la que la muerte de miles vale por los intereses financieros, económicos y políticos en juego.

6. Y para que no haya dudas de nada, creyendo aprovechar el barullo y la confusión por los acontecimientos derivados de la inexistente “guerra contra el narco”, con un absoluto desprecio de la Constitución mexicana y de las luchas históricas del pueblo, durante su enésima visita a Washington, Felipe Calderón ofreció el martes 10 a los inversionistas estadunidenses la venta de acciones de Pemex, a sabiendas de que esto es contrario al marco jurídico de la nación, e indicando que prepara otra contrarreforma para modernizar la paraestatal.

7. La pretensión de Javier Sicilia y de varios de los organizadores del movimiento de ser oídos por Calderón, e incluso de establecer con él un diálogo, se tornó como era de suponerse en un absoluto desencuentro tras de que en su discurso del domingo 8 el poeta, intuyendo la realidad de las cosas, demandó la renuncia de Genaro García Luna (titular de Seguridad Pública), a lo que la cargada blanquiazul se opuso rotundamente a sabiendas de que no se pedía que se fuera por inepto sino, como se ha señalado un sinfín de veces, por ser el hombre de confianza de la Iniciativa Mérida y parte de los intereses del crimen organizado.

8. Un pueblo no tiene nada que ver con un gobernante de facto que está absolutamente en contra de los intereses populares, y que en vez de asumir que la principal responsabilidad de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo es defender y preservar la vida de todos aquellos que se encuentran en territorio nacional, sigue dispuesto, con lógica genocida, a continuar sacrificando muchas vidas en aras de la plena imposición en México del modelo neoliberal que es intrínsecamente perverso, defendiendo intereses trasnacionales.

9. El plan de seis puntos contra la inseguridad propuesto por las organizaciones que buscan copar a Sicilia está, por lo mismo, fuera de la realidad, pues hace suyo el discurso de Calderón y de los partidos políticos con modificacioncitas legales que a nada conducen. Lo fundamental en estos momentos críticos es exigir el pleno respeto al marco constitucional, oponerse por todos los medios a la nueva legislación sobre seguridad y pugnar por el esclarecimiento de los crímenes del sexenio y el encausamiento de los responsables.

10. La Iniciativa Mérida hará a nuestros socios regionales más seguros, dijo en 2008 Condoleezza Rice, entonces secretaria de Estado, al rubricar el documento, y eso mismo lo reitera cada vez que puede su sucesora en el cargo, Hillary Clinton. Los hechos muestran empero otra cosa y en particular que la militarización del país ha consolidado a los cárteles del narco y reordenado el negocio en función de los intereses de Washington, propiciando que las multinacionales avancen en su proyecto de saqueo del país, pero también que la violencia estatal es cada vez más ciega y que en la contabilidad oficial los muertos del pueblo no cuentan: porque es muy fácil atribuírselos al crimen organizado. De ahí que el el pueblo no se canse una y otra vez de espetarle a Calderón el ¡Ya basta!