a Comisión Nacional del Agua ha concesionado a empresas mexicanas y corporaciones trasnacionales la construcción de la presa El Zapotillo, en el río Verde (subcuenca del río Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico), en el estado de Jalisco, violando leyes y derechos fundamentales, como son el derecho a la vivienda, a la alimentación, al medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la propiedad, y sin haber mediado la información y la debida consulta a los afectados, quienes, por el contrario, han sido hostigados, amenazados y su movimiento de resistencia criminalizado.
Si la construcción de esta presa sobre la cuenca del río Verde sigue adelante, cientos de personas perderán sus territorios, hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas. Se inundarían los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y las tierras que los campesinos necesitan para sobrevivir; tendrían que abandonar comunidades que han habitado durante siglos y por las que guardan un profundo vínculo histórico y espiritual. Estos pueblos y comunidades forman parte de la región de Los Altos de Jalisco, a 132 kilómetros al noreste de Guadalajara. El proyecto contempla la construcción de una megarrepresa de una cortina de 105 metros de altura, una área de afectación por embalse de más de 4 mil 500 hectáreas y un acueducto de 140 kilómetros para llevar agua a la ciudad industrial de León y para beneficio, principalmente, de las corporaciones capitalistas ahí radicadas.
Su construcción, el acueducto, la planta potabilizadora y el microcircuito son llevados a cabo bajo el esquema privatizador propio de los gobiernos trasnacionalizados de DBOT (diseño, construcción, operación y transferencia), esto es, pese a que casi 70 por ciento del total de la obra es financiada con recursos públicos y mientras las empresas licitantes sólo aportan 30 por ciento, éstas reciben la transferencia de la obra y la concesión por 25 años, que es la vida útil de cualquier presa. Negocio redondo.
Aunque las autoridades gubernamentales estén planeando que el poblado de Temacapulín quede sumergido bajo las aguas del embalse de la presa, con sus viviendas, sus tierras de cultivo, sus predios históricos, su basílica de 250 años de antigüedad, sus escuelas y todo lo que lo conforma la cotidianidad, nada de eso ha sido contemplado en la manifestación de impacto ambiental (MIA) que sirvió de base para la aprobación del proyecto.
Si el 20 de noviembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria No. 005 para la licitación pública internacional, el proyecto presentaba datos contradictorios. Mientras la MIA autorizaba una cortina de 80 metros y el embalse de 2 mil hectáreas, el proyecto fue licitado para una cortina de 105 metros y embalse de 3 mil 864 hectáreas.
Al enterarse, sólo a través de los medios de comunicación, de que estaban en la inminencia de ser desalojados, varios de los afectados interpusieron juicios de amparo. No obstante, las autoridades responsables argumentaron que la presa era sólo un proyecto
y que no se había tomado la decisión de llevar a cabo la obra. Dicho argumento fue el que justificó que se negara a los denunciantes la protección de la justicia federal. Sin embargo, en enero de 2009, días después de que el amparo fue negado, el titular de la Conagua, José Luis Luege Camargo, declaró públicamente que las cuestiones de tierras tendrían que ser resueltas con la máxima urgencia: tiene que ser este mes, porque nosotros estamos en una fase que, de no resolverlo, tendríamos que ir por la expropiación y desde luego que jurídicamente tendríamos también que llevar los juicios que se abran
(La Jornada Jalisco, 31 de enero de 2009).
Para que la obra pudiese ser licitada, Conagua debería haber adjuntado documentos a fin de comprobar que los terrenos donde se pretende realizar la obra corresponden a la nación. Obviamente tal requisito no ha sido cumplido, mientras que las gestiones
de compra de terrenos en el poblado de Temacapulín están siendo realizadas por el gobierno del estado de Jalisco de forma confidencial y por medios no ortodoxos
, que incluyen el hostigamiento a los pobladores locales y la propuesta de compra de los terrenos por cantidades irrisorias.
En suma, la construcción de la presa El Zapotillo se encuentra en la total ilegalidad: no hay proyecto ejecutivo ni éste cuenta con un estudio completo; no hay cambio de uso de suelo por parte del municipio de Cañadas de Obregón para una cortina de 105 metros, no hay manifestación de impacto ambiental, no se tiene la anuencia de las comunidades, no se han expropiado las tierras afectadas, no se han solicitado al Instituto Nacional de Antropología e Historia el dictamen sobre el valor patrimonial de los monumentos más significativos de las comunidades y no se ha realizado consulta pública sobre la presa.
En agosto de 2007, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un proceso de investigación respecto de las violaciones de derechos humanos y en noviembre de 2009 el expediente ya contaba con más de 300 quejas. La comisión concluyó que se habían violado los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del medio ambiente, patrimonio comunitario y al desarrollo. Por medio de la recomendación 35/09, la CEDHJ solicitó al gobierno de Jalisco que suspendiera las obras hasta en tanto se cumplieran las condiciones de la recomendación. Sin embargo, las autoridades gubernamentales han decidido ignorar la solicitud. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluyó que el proyecto transgrede los principios básicos y las directrices sobre desalojos y desplazamiento generados por el desarrollo, emitidos por el relator especial de la ONU. ¡No a la construcción de la presa El Zapotillo!
