Luego de invalidar el programa municipal de desarrollo urbano de Tulum, Quintana Roo, por invadir atribuciones de la Federación para el manejo del parque nacional y de la zona arqueológica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhortó a las autoridades de los tres niveles a coordinarse para proteger el área ecológica.

Por mayoría, el pleno decidió ayer no emitir recomendaciones sobre la existencia de 180 predios –que en la sesión anterior fueron calificados como irregulares- que hay en la reserva ecológica de Tulum, pero exhortó a la Federación y al municipio a analizar –cada cual en su ámbito– cómo regularizarlos.

Sergio Aguirre Anguiano sostuvo que el desorden político-administrativo histórico de Quintana Roo y sus municipios, que persiste hasta la fecha, y el rezago en la regularización de normas administrativas, más (la) corrupción en los tres niveles de gobierno, ha causado una terrible barahúnda ahí.

Recordó que la Federación ha autorizado una serie de construcciones en la zona ecológica de Tulum y el pleno no puede revocar estas decisiones.

El proyecto elaborado por Sergio Valls proponía que la Federación resolviera sobre el destino de las inmuebles construidos en el Parque Nacional de Tulum.

Aguirre Anguiano consideró que eso habría sido hiperbólico, porque la Semarnat autorizó diversos proyectos, entre ellos a diversas empresas, entre ellos el desarrollo turístico Sol Resort, de la compañía Sol Resort, SA de CV, y Turística del Carmen, a cargo de la empresa Cabañas Xalquitzinquin.

Apuntó que en el expediente la controversia constitucional que presentó la Semarnat contra el municipio de Tulum, que pretendía incluir en su plan de desarrollo urbano el parque nacional y la zona arqueológica, hay permisos expedidos, exenciones de estudios de impacto ambiental, ampliaciones, prórrogas y otras prerrogativas concedidos por la autoridad federal.