Una historia de terror, acoso laboral y problemas de salud padecieron Lucía Ramírez Martínez y Sandra Luz Ortega Estrada cuando fueron secretarias de Martha Cantú Alvarado, titular del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

Ambas mujeres fueron despedidas de manera injustificada, después de un trato despótico y de agresiones verbales por parte de la funcionaria de ese órgano adscrito al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).

Los trabajadores se habían mantenido en silencio ante el temor y la indefensión jurídica para combatir esos abusos.

En los dos años recientes, Cantú Alvarado “ha despedido a 22 personas –chofer, directores y jefes de departamento, entre otros– y tres empleados más están sujetos a hostigamiento laboral”.

Lucía Ramírez Martínez fue obligada a firmar su renuncia –en agosto de 2010– tras aceptar a cambio el seguro médico, debido a que tenía ocho meses de embarazo y estaba próxima a dar a luz. La prestación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la obtuvo sólo durante los meses de agosto a octubre de 2010.

De hecho, a los cinco meses de gestación tuve una a amenaza de un aborto ocasionado por las presiones, maltratos y agresiones verbales a las que estuve sujeta durante el lapso en el que trabajé en el Fonca, dijo a este diario la socióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien laboró durante ocho meses con Cantú.

En su momento tuve miedo de denunciar esta situación, porque lo único que me interesaba era el bienestar del bebé.

Sandra Luz Ortega Estrada –quien relevó en el puesto a Lucía Ramírez en 2010–, tuvo que dejar el puesto el pasado 17 de abril luego de ser atendida a causa de una parálisis facial.

“A Cantú –explicó– no le importa gritarle a un director de área o a la secretaria. No es una persona que sólo hable en voz alta, sino que se dirige a sus subordinados con majaderías e insultos totalmente denigrantes.”

Incluso, las entrevistadas y otros de los trabajadores, aseguran que su asistente Mónica Bolaños y Jorge Dávila, director jurídico, colaboran en el tormento sicológico y los despidos.

Apego a la legalidad

Otra de las afectadas, según explicaron, es Angélica Villanueva, quien fue despedida este 11 de mayo, debido a que ingresó un documento al órgano interno de control y a partir de ese momento Cantú no quiso saber más de ella e hizo hasta la imposible hasta que la despidió.

Este diario buscó, por conducto del CNCA, a Martha Cantú para que expresara su postura –pero fue hasta antes de las siete de la noche de este jueves– que Teresa Gaspar, subdirectora de Promoción y Difusión del Fonca, tomó la llamada y explicó que el área jurídica es responsable de dar respuesta a este tipo de situaciones laborales mediante correo electrónico.

Al respecto, la Coordinación Jurídica y de Convenios del Fonca respondió: “Todos los movimientos laborales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) se han apegado a la normatividad laboral vigente, como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

“Los cambios laborales en el Fonca –prosigue el documento– han obedecido a renuncias voluntarias presentadas por los propios servidores públicos.”

Y subraya que en la presente administración, el Fonca no ha recibido una demanda laboral por despido injustificado, ni citatorio alguno por queja o acoso laboral, por parte del órgano interno de control.

Jorge Dávila Sandín, coordinador del área jurídica, quien respondió a La Jornada, aseveró: Todos los trabajadores están en su derecho de interponer una queja o demanda ante las autoridades competentes.