n la Asamblea Legislativa del Distrito Federal habrá periodo extraordinario, para convertir al gobierno en el dador de beneficios a los pobres, y para arrebatar a la población en general el derecho a recibir, en servicios, parte de lo que aporta, vía impuestos, para la subsistencia del gobierno mismo.

No hay sorpresa, se trata de confirmar buena parte de la agenda socialdemócrata que poco a poco ha impuesto Marcelo Ebrard. Entonces no hay sorpresa, sólo alarma. La ley pretende restar derechos con el pretexto de impedir que los programas sociales sean utilizados, nada más, como instrumentos del clientelismo, por ejemplo, de las tribus perredistas, pero se levanta como la estrategia, bendecida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que pretende perpetuar la pobreza de ciertos sectores de la población, creando negocios y centralizando el poder en manos de un solo grupo gobernante.

Hasta hoy los derechos, como la pensión para adultos mayores, tienen cobertura universal, es decir, no importa la condición social de quien la recibe, todos la merecen porque es un derecho que otorga el gobierno a quienes han cumplido con una vida de trabajo. Esto, para la ley que se pretende, estaría limitado nada más para los más pobres, es decir, se focalizaría.

La demanda de la derecha es muy vieja, casi desde que comenzó el programa, pero se había estrellado en los argumentos de la izquierda que busca igualdad por encima de las viejas rencillas de clase, pero parece que el valladar fue impactado por el discurso que mantiene que no es necesario ayudar, por ejemplo, a las clases medias que podrían, a partir de ese y otros programas, aumentar su poder adquisitivo.

No se trata de evitar, ahora, que quienes sufren los aumentos en gasolinas, alimentos, servicios como la energía eléctrica, el agua o el predial, por mencionar algunos, vean mermado su presupuesto y caigan, a partir de esos gastos, en los niveles que marcan la pobreza. No, parece que la filosofía de la prevención, parte fundamental de los programas como derecho, no tiene cabida para el proyecto de engrosar las filas de los pobres.

Claro que todo esto no está desvinculado del quehacer político electoral. Como ya hemos dicho en este espacio, el voto de lo pobres siempre se puede comprar, y mientras más pobres existan las posibilidades de adquirir sufragios aumenta. ¿Eso es lo que se pretende? Si así fuera el gobierno será el protector de ésos que más necesitan, que contrariamente a lo que se dice, ya no tendrán un derecho sino una especie de limosna del gobierno.

En otras palabras, los ciudadanos ya no podrán exigir, tendrán que esperar a que el gobierno, sea cual sea, lo mismo de derecha que de izquierda, tenga a bien darles su ayuda. Parece que sí hay diferencias, sobre todo si se piensa en que a la hora de elaborar el presupuesto para la ciudad, los diputados ya no tendrán la obligación de hallar los recursos para cumplir con un derecho que establece –como hasta ahora– la ley, sino que podrán regatear los dineros que se destinen a la protección que podría brindar el gobierno.

Es muy importante poner atención a este capítulo de la política social del DF, que si hoy es un orgullo para sus habitantes, mañana podría convertirse en una vergüenza. Ojo con Julio Boltvinik, que mucho tiene que decir al respecto.

De pasadita

Aquel estribillo con el que se defiende al autoritarismo, y que reza: Los gobiernos no deben hacerse eco de las demandas ciudadanas, porque se mostrarían débiles, es de muchas maneras lo que la marcha que arribó el domingo al Zócalo de la capital pretende derrumbar. Por eso la renuncia de Genáro García Luna no es una petición sacada de la manga, es un requerimiento que podría situar al admnistrador que despacha en Los Pinos en algo que nunca soñó: un gobernante, pero descuiden, eso no va a pasar.

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