Madrid, 9 de mayo. La simple sospecha no puede constituirse en argumento para ilegalizar un partido político, así como no tienen los controles preventivos para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política, señaló el Tribunal Constitucional (TC) español en su sentencia emitida el pasado jueves sobre las listas electorales de la coalición vasca Bildu. El fallo, histórico porque anuló una sentencia previa del Tribunal Supremo, permitió que esta formación política de izquierdas e independentista pueda contender en los comicios municipales y forales del próximo 22 de mayo.

El pasado viernes, el pleno del TC resolvió admitir a trámite el recurso de amparo de la coalición de Bildu, que reclamaba la anulación de la sentencia por la que había sido apartada de la carrera electoral. Seis magistrados votaron a favor y cinco en contra, con lo que se resolvió por mayoría la legalización de 254 listas electorales integradas por ciudadanos independientes y por miembros de los partidos políticos Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba.

El alto tribunal dio a conocer la sentencia, en la que explica sus argumentos para anular la resolución anterior y, sobre todo, para establecer una doctrina claro en relación a los casos en los que se estudie la impugnación de listas electorales o partidos políticos por supuestos nexos con una organización terrorista, en este caso haciendo alusión al grupo armado vasco ETA. El fallo sostiene que la pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional. Es decir, que pretender suprimir los derechos de representación político bajo la simple sospecha socava los cimientos del propio ordenamiento jurídico español.

Los magistrados españoles también rechazan que haya quedado probada la supuesta instrumentalización de ETA en la creación y estrategia de Bildu, una coalición que surgió desde la base social de la izquierda vasca en respuesta a la ilegalización de Sortu, la marca electoral con la que pretendía concurrir a los comicios la izquierda abertzale renovada tras un proceso de consulta y debate en el que decidió rechazar sin ambages la violencia de ETA.

De hecho, los jueces españoles subrayan que con la reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticas, creada en el 2003 con el propósito de ilegalizar a Batasuna, se establecieron con nitidez los mecanismos para apartar de las instituciones a las formaciones que amparen o hagan apología de la violencia o el terrorismo.