La Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad convocó ayer a un pacto social para detener la emergencia nacional que enfrenta el país producto de la violencia y la política gubernamental para combatirla. Entre sus principales ejes destaca la exigencia de cambiar la estrategia de guerra establecida en nombre de la seguridad pública; poner fin a la impunidad y ofrecer justicia a las víctimas de esta guerra; combatir la corrupción en las instituciones; enfrentar de raíz al crimen organizado, minando especialmente sus capacidades financieras; ofrecer alternativas culturales y laborales a los jóvenes, así como perfeccionar la democracia, ampliando la participación ciudadana.

El documento leído durante el mitin con el que concluyó la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad consta de seis puntos, cada uno de los cuales contiene acciones específicas. En el pacto se demanda, en primer término, verdad y justicia para los familiares de las víctimas, para lo cual se deben esclarecer los asesinatos, desapariciones, secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad.

Restructurar las instituciones de procuración y administración de justicia, incluyendo las redes de complicidad y omisión de autoridades. Se emplazó a las autoridades responsables a que, a más tardar en un plazo de tres meses, se esclarezcan los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos, el homicidio de Marisela Escobedo, de la familia Reyes, de Susana Chávez, de Juan Francisco Sicilia, los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, entre otros.

Una segunda exigencia contenida en el pacto es poner fin a la visión militarista con que el gobierno de Felipe Calderón ha enfrentado al crimen organizado, asumiendo una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con un enfoque de defensa de los derechos humanos, “que evite la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, al tiempo que avance un modelo de seguridad alternativo que recupere experiencias comunitarias y de participación ciudadana.

En este contexto exigieron que no se aprueben leyes o normas que quebranten los derechos humanos, bajo el concepto de seguridad nacional. Pidieron no aprobar las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, para que se aprueben leyes concertadas con organizaciones defensoras de derechos humanos.

Combatir la corrupción y la impunidad del Poder Judicial es el punto 3 del pacto propuesto que permita romper con las discrecionalidades con que se desempeñan las instituciones de procuración y administración de justicia, dotando de autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, pues la justicia no puede estar al servicio de cálculos políticos. Asimismo, eliminar el fuero de funcionarios y legisladores para delitos de corrupción y crimen organizado. Demandaron también combatir las raíces económicas del crimen organizado reforzando las tareas de inteligencia financiera. Solicitaron un informe de los casos más notorios relacionados con el lavado de dinero en esta administración.

El quinto punto exige una nueva política social de emergencia hacia los jóvenes, porque el problema de seguridad no se resolverá con armas y violencia, sino con una política económica y social que genere alternativas educativas, culturales, laborales y de salud a los jóvenes, para recuperar paulatinamente el tejido social. Para tal efecto demandaron el incremento del presupuesto educativo para ampliar la matrícula escolar en los niveles de secundaria, educación media superior y superior.

El pacto plantea el perfeccionamiento de la democracia en el país, ampliando los cauces participativos y mejorando la democracia representativa. Por ello demandaron que en un plazo de dos meses se apruebe en la Cámara de Diputados la minuta de reforma política aprobada por el Senado, en la Cámara de Diputados.