Morelia, Mich., 6 de mayo. La comunidad purépecha de Cherán, cuyos habitantes viven en zozobra ante la posibilidad de un ataque armado por parte de talamontes apoyados por presuntos narcotraficantes, no es el único conflicto que se registra en la zona. La Procuraduría Agraria identifica otros 40 conflictos, siete de ellos considerados como focos rojos.

Además de la tala clandestina y la sobrexplotación de los bosques, las disputas son originadas por la tenencia de la tierra. La Procuraduría Agraria señala que los problemas en la meseta purépecha son considerados los más graves del país, porque aunque se han logrado convenios entre partes en disputa, finalmente alguna de ellas desconoce el acuerdo.

Lo más importante es que desde hace ya por lo menos ocho años que no hay enfrentamiento por la disputa por la tierra, afirma Alfredo Amezcua, coordinador de Conciliación Agraria del gobierno del estado.

Son más de 20 mil hectáreas en disputa y los focos rojos se concentran entre las comunidades de Pamatácuaro-Tarecuato; Ocumicho-Tangancícuaro; San Francisco Ichán-Tacuro; Paracho-pequeños propietarios; Urapicho-Cocucho; Santa Cruz Tanaco-Cherán y Tanaquillo-Huécato.

Alfredo Amezcua indica que en la región purépecha hay 64 comunidades de 17 municipios, donde más de 25 mil comuneros se disputan cerca de 23 mil hectáreas, y esto se debe a que hay títulos de propiedad en donde legalmente hay dos dueños, o donde los límites de la propiedades se describen por señas, y muchas de ellas ya no existen.

En la zona trabajan dos comisiones permanentes con personal especializado en la resolución de problemas originados por la tenencia de la tierra; pero no es fácil conciliar conflictos que llevan, en el mayor de los casos, casi cuatro décadas y algunos que tienen más de un siglo.

Ha habido resoluciones presidenciales, otros problemas están en los tribunales, pero el avance ha sido lento, a pesar de que desde hace ocho años los gobiernos federal y estatal han puesto interés en resolverlos, pero hay diferencias por los límites de propiedad y por el aprovechamiento forestal, indicó el funcionario estatal.

Por lo que toca a Cherán, la Secretaría de Gobernación aseveró que la situación es tensa pero estable, y que con el apoyo de fuerzas federales, específicamente de militares, se colocarán en las próximas horas filtros en las principales vías de acceso a este municipio.

Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la dependencia, dijo que la situación ahí es compleja, y en el centro de ello está la tala ilegal y la presencia de gente vinculada al crimen organizado.

El jueves pasado se reunió el titular de Gobernación, Francisco Blake, con el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, para fijar un plan conjunto ante las tensiones entre los habitantes de Cherán y Capácuaro.

Explicó que estos filtros carreteros mixtos estarán a cargo de elementos del Ejército y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para combatir la tala ilegal. Sin embargo, advirtió que no es posible que conflictos de esta naturaleza se resuelvan por justicia de propia mano.

Dijo que la autoridad deberá investigar y deslindar responsabilidades de actos como la extorsión o el secuestro. El nivel de violencia, agregó, ha sido también en perjuicio de ministerios públicos que son enviados a la región a investigar las denuncias.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional advirtió que desde el pasado 15 de abril la comunidad indígena de Cherán ha cerrado todos sus accesos para protegerse de los grupos de la delincuencia organizada, que actúan en complicidad con la policía en el tráfico de drogas y la tala ilegal de madera, y cuyos actos de violencia han dejado recientemente dos muertos y un herido.

La organización informó mediante un comunicado que desde hace varios años un cártel del narcotráfico con fuerte presencia en la entidad ha secuestrado y matado a varios habitantes de Cherán, con la aparente connivencia de las autoridades.

El pasado 15 de abril, por ejemplo, un grupo de pobladores de la mencionada comunidad purépecha interceptó un camión que transportaba leña talada de forma ilegal y aprehendió a cinco personas involucradas en la acción.

Sin embargo, dos horas después de informar al gobierno de lo ocurrido, un vehículo de la policía municipal y dos camionetas irrumpieron en el pueblo, con 14 hombres armados a bordo, y abrieron fuego en contra de las casas. En ese incidente, Eugenio Sánchez Tiandón recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado de coma.

A raíz de ello, la comunidad cerró sus accesos con barricadas, y con la ayuda de abogados y defensores de derechos humanos inició una mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales.

El 27 de abril, señaló Amnistía Internacional, los pobladores detuvieron otra vez talamontes. En represalia, los compañeros de éstos irrumpieron en el lugar y provocaron la muerte de Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada, sin que hasta el momento se haya hecho nada para detener y enjuiciar a los responsables.

Antes de que ocurrieran estos últimos incidentes, ya desde 2009 habían sido asesinados siete miembros de la comunidad y cinco habían sufrido desaparición forzada.