En tan sólo 12 estados del país, durante 2010, se registraron mil 458 feminicidios, con un elevadísimo porcentaje de impunidad, situación que refleja la incompetencia del Estado mexicano para dar respuesta a estos delitos, pero también una profunda crisis del sistema de procuración y administración de justicia.

En el foro La tipificación del femenicidio: un desafío para el sistema de justicia mexicano, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en el tema denunciaron que los homicidios dolosos contra las mujeres reflejan un fenómeno generalizado y tolerado por el Estado, creando un ambiente de permisividad ante dichos crímenes.

En su intervención, María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional del Feminicidio, detalló que la cifra de estos crímenes está conformada con datos oficiales de las procuradurías de justicia de los estados de México, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Puebla, Sonora, Guanajuato y Morelos, así como del Distrito Federal, pero hay muchas entidades que no llevan estadísticas de este creciente problema.

Dijo que la violencia ya ha alcanzado a 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y mayores: más de 30 millones vivieron durante 2006 algún episodio de maltrato. Tal situación permite y genera un clima de proclividad feminicida, sin una respuesta gubernamental que prevenga, proteja e imparta justicia.

María de la Luz Estrada informó de algunos hallazgos en la recopilación de datos de las procuradurías estatales. Dijo que 27 por ciento de las mil 458 víctimas tenían entre 20 y 40 años de edad; mientras que en 87 por ciento de los casos las autoridades niegan y desconocen la relación entre la víctima y victimario, y en 60 por ciento desconocen la causa de la muerte.

En su análisis, la especialista aseguró que la impunidad, la violencia institucionalizada y la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades –la recurrente descalificación de los funcionarios públicos al inculpar a las víctimas de provocar la violencia– ha agudizado el ya grave problema que tiene el país en materia de violencia contra las mujeres.

Mientras tanto, Claudia González Orellana, abogada especialista en derecho penal, explicó los problemas y deficiencias del sistema de justicia en Guatemala, que ya tiene tipificado el delito de femicidio, término con el que se aprobó hace algunos años, pero donde persiste el sistema patriarcal y machista en la aplicación de la norma.

Mientras tanto, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que hay una enorme crisis en el sistema de administración y procuración de justicia, que se refleja en niveles de impunidad de 98 por ciento.

Si la justicia ha fallado a la sociedad en general, a las mujeres las ha dañado de manera aún más profunda, porque imperan ahí cuestiones que están metidas en el ADN de esta sociedad, que son la justicia patriarcal, el machismo y la misoginia, dijo Navarrete.

Además, subrayó que esta serie de principios y antivalores democráticos están presentes cuando se aplica la ley. Esto pasa, lo quieran o no los legisladores, y si eso no es una evidencia suficiente, que me expliquen por qué las mujeres que cometen un delito son mayormente sancionadas en comparación con los hombres, insistió.

Desde su perspectiva, esta profunda crisis del sistema de procuración de justicia se traduce en la necesidad de rehacer el sistema y cuestionar desde las universidades la formación de los abogados.