Madrid, 2 de mayo. Los partidos nacionalistas, los sindicatos mayoritarios y un caudal de medios de comunicación y ciudadanía en Euskadi expresaron su indignación por el fallo del Tribunal Supremo que ilegalizó las candidaturas de la coalición Bildu para los comicios municipales del 22 de mayo, con lo que se dejará a 15 por ciento del electorado sin representación. Más aún, el conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció la suspensión de toda colaboración y apoyo a futuras iniciativas del gobierno español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La misma sala que decidió no autorizar las 254 listas de Sortu –integrada por dos partidos legales y democráticos, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba, además de ciudadanos independientes vinculados con la izquierda abertzale (nacionalista)– ilegalizó hace sólo un mes a Sortu, la nueva marca electoral del nacionalismo radical vasco, que rechazó la violencia de ETA y su utilización con fines políticos.

El voto particular, suscrito por siete magistrados, desbarata cada uno de los argumentos esgrimidos por los nueve jueces, afines al sector más conservador de la judicatura española, que definieron la balanza por la ilegalización de las candidaturas. Los jueces discrepantes advirtieron: “El nuevo partido (o coalición o agrupación) aún no ha tenido prácticamente tiempo para desarrollar una actividad sobre la que se pueda decir si la misma consiste o no en una continuación de aquella actividad ilícita que determinó la ilegalización del partido anterior. Por tanto, el legislador coloca al intérprete y al juzgador en la difícil situación de pronunciarse sobre una hipótesis de futuro y, consciente de la dificultad práctica –y, sobre todo, de los escollos jurídico-constitucionales de semejante operación–, difícilmente salvables”.

Agregaron que el fallo se basa en gran medida en informes con crasos errores de la policía y la Guardia Civil, pero que más allá de esas resoluciones lo verdaderamente esencial es que “con esa cuasi inexistente contaminación subjetiva se pretende no ya eliminar de algunas de las candidaturas de Bildu a los aspirantes que estuvieran contaminados, y ni siquiera eliminar todos los candidatos de la izquierda abertzale dentro de Bildu, sino algo más radical: anular todas las candidaturas de Bildu, incluyendo los abanderados de los dos partidos legales de la coalición: EA y Alternatiba”.

Los magistrados discrepantes, Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Luis Calvo Cabello, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Ramón Alarcón, expusieron que “en este caso se va a privar de ese derecho a dos partidos políticos de larga trayectoria democrática y siempre opuestos a la violencia de ETA, como Eusko Alkartasuna y Alternatiba (éste mucho más reciente, pero derivado de uno, Ezker Batua, con muchos años de actividad política inequívocamente democrática).

“Esta consecuencia de la estimación de los recursos presentados contra Bildu es insostenible en términos constitucionales y legales, máxime cuando, como hemos puesto de manifiesto, EA siempre puso como condición sine qua non para la alianza electoral con la izquierda abertzale que ésta rechazara la violencia y el terrorismo, y solamente cuando ha comprobado –a su juicio, fehacientemente, y no parece lógico pensar que EA carece de información solvente al respecto– el cumplimento auténtico y no ficticio o fraudulento de esa condición, ha dado luz verde al proyecto Bildu”, concluyen en su voto particular.

Tras conocer el fallo, los voceros de Bildu acusaron a los magistrados de amparar una estrategia diseñada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, junto al derechista Partido Popular (PP), al tiempo que advirtieron que el pueblo no quiere una nueva situación de excepcionalidad electoral y de secuestro de las instituciones, además de que se trata de una sentencia que es jurídicamente impresentable y que revela la mentira que supone la división de poderes en España.

La izquierda abertzale expresó en un comunicado que con este fallo judicial se pretende dar un barniz jurídico a una decisión política tomada por un PSOE rehén del PP. Con “la anulación de las listas de la coalición, el Estado español pretende amordazar una opción política que apuesta por la construcción de un nuevo futuro desde parámetros de cambio político y social, impidiéndole a dicho sector la participación electoral y de paso trampeando la voluntad de la ciudadanía vasca mediante la realización de un nuevo pucherazo (fraude) electoral”.

Una de las reacciones más destacadas fue la del presidente del conservador PNV, Íñigo Urkullu, quien anunció el suspenso de toda colaboración y apoyo al gobierno central, cuestión especialmente delicada una vez que el Ejecutivo aprobó los pasados presupuestos generales gracias a los votos de los parlamentarios de esta formación nacionalista. “Entendemos que es responsabilidad del gobierno español la promoción de la tesis en la que se ha fundamentado la resolución del Tribunal Supremo, con lo que ha sido el gobierno español el que ha decidido impugnar las candidatura, que se trata –además de responder a confusión de principios democráticos con pactos de naturaleza antiterrorista y su utilización con fines espurios– de una estrategia tramposa que busca exclusivamente el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP para Euskadi.”

Además, diversos sindicatos, organizaciones civiles y partidos políticos convocaron para el próximo viernes a una jornada de protesta ante una medida que ha indignado a buena parte de la sociedad de Euskadi.