En votación dividida (ocho a dos) el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no participe en la discusión de la contradicción de tesis sobre la posible suspensión de la orden que emita la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en materia de interconexión y las tarifas que fije a las empresas del sector.

Previamente, Margarita Luna Ramos había presentado a sus compañeros una petición similar, pero argumentando que en diversos medios de comunicación se había hecho referencia al compadrazgo que tiene con Jaime Mondragón Alarcón, director de regulación y asuntos jurídicos de Telmex. Ella no lo negó, pero el pleno resolvió que al no ser parte directamente de la controversia la empresa en la que trabaja éste no había razón para el impedimento. El pleno estimó por unanimidad que podía conocer del asunto.

Ayer el máximo tribunal empezó la discusión de una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, los cuales emitieron criterios diferentes respecto a la procedencia de la suspensión en juicios en los que empresas telefónicas se ampararon en contra de la Cofetel, que les ordenó que se interconectaran fijándoles nuevas tarifas por la interconexión.

Una vez que la Corte determine si procede o no la suspensión contra la orden de interconexión y las tarifas (ya sea que aumenten o disminuyan), el máximo tribunal resolverá las suspensiones que presentaron las telefónicas en contra de la autoridad.

Fuentes judiciales revelaron que al no estar Zaldívar en la discusión, se debilita la postura de los ministros que consideran que sí procede la suspensión, al menos en lo que se refiere a las tarifas que impone la Cofetel por la interconexión.

El proyecto elaborado por Fernando Franco rechaza la suspensión en contra de la orden de interconexión, pero permite la suspensión en contra de las tarifas que fije la autoridad –ya sea que las aumenten o disminuyan– previo pago de una garantía por los posibles daños y perjuicios económicos que genere la suspensión.

Luis María Aguilar se opuso al proyecto y se manifestó en contra de la suspensión en cualquier caso. Su argumento coincide con la postura asumida por empresas y filiales de Televisa, Televisión Azteca y Movistar y otras compañías en los juicios en curso en contra de Telcel y Telmex en materia de interconexión.

Argumentó que la suspensión sería contraria al interés público y habría una afectación social, además de que impediría a la Cofetel cumplir con su mandato de lograr las mejores condiciones en la prestación de todo un sistema de telecomunicaciones, que implica tarifas, servicio y condiciones de equidad, reciprocidad y no discriminación.

En contraparte, Franco dijo que la disminución de las tarifas de interconexión no se traduce necesariamente en precios más bajos en beneficio del consumidor, por lo que no habría tal afectación al interés público. Además, el servicio se seguiría prestando (al negarse la suspensión contra la orden de interconexión). En cuanto a las tarifas, quedarían como un asunto entre particulares o contra la autoridad en el que no habría interés público. Este punto es importante, porque la ley dice que no procede la suspensión cuando se afecte el interés público.

Al comenzar la sesión, Zaldívar planteó que estaba impedido para conocer del asunto, ya que la ley de amparo señala que si un juzgador tiene un interés personal o profesional en un asunto no debe participar en su dictamen. Antes de ser designado integrante de la Corte, fue abogado de Telcel y Telmex y, como tal, solicitó la suspensión de órdenes de la Cofetel para que las empresas de Carlos Slim no fueran obligadas a interconectarse si no estaban de acuerdo con la tarifa fijada por la autoridad.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre consideraron que por tratarse de una contradicción de tesis y no haber partes involucradas, no procedía el impedimento.

Ortiz advirtió que al no estar los 11 ministros se abría la posibilidad de empates y de entorpecer la resolución de esta contradicción de tesis entre tribunales colegiados, que servirá de base para resolver la serie de juicios en curso que involucran a las empresas telefónicas, las cuales se oponen a las tarifas fijadas por la Cofetel. El pleno votó y declaró que sí estaba impedido. Zaldívar se retiró del salón de sesiones y comenzó la discusión.