n La Jornada Ecológica más reciente, la reconocida toxicóloga Lilia América Albert nos recuerda que mañana se cumplen 20 años de uno de los accidentes de mayor gravedad en el campo de la industria de plaguicidas en América Latina: el estallido y posterior incendio del local donde una empresa, Agricultura Nacional de Veracruz, formulaba y almacenaba diversos plaguicidas, todos de elevada toxicidad. El local se encontraba en pleno centro de la ciudad de Córdoba, Veracruz. La doctora Albert nos ofrece un recuento detallado de este caso y la forma en que todas las instancias oficiales, incluyendo la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, terminaron por dar carpetazo al asunto, lo que llevó a que ni los funcionarios que permitieron a esa empresa funcionar con numerosas irregularidades, ni los dueños de la misma, fueran sancionados por un accidente que dejó gran número de enfermos y contaminación persistente.

Si en el país la impunidad no fuera desde hace tiempo una aliada de los poderosos, Agricultura Nacional de Veracruz no seguiría haciendo de las suyas. Y es que cinco años después estableció una filial, conocida como Dragón, en el barrio de Santiago Mihuacán, del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Por lo que cuentan los vecinos de esta población, en el local de dicha negociación se han registrado varios accidentes, el más grave el 23 de marzo de 2010. Por lo que consideran contubernio entre autoridades y empresarios, los habitantes de Izúcar de Matamoros no supieron bien a bien qué productos tóxicos se liberaron durante el accidente. Las autoridades poblanas dijeron a los medios de comunicación que se trataba del plaguicida Dimetoato y que no era peligroso, pese a que reportaron 128 intoxicados por la fuga de ese compuesto. Bien diferente opina la Secretaría de Salud federal, para la cual el Dimetoato, entre otras cosas, está asociado con la aparición de tumores cancerígenos y efectos teratogénicos en animales de laboratorio. Las autoridades federales y estatales decidieron la clausura de Dragón por tres meses. Según dijeron, para hacer el estudio de impacto ambiental. No se sabe si oportunamente se practicó un estudio de riesgo ambiental como es obligatorio al instalar un negocio de tal naturaleza, igual que se desconocen los términos de otro más, sobre impacto ambiental, que por ley debió presentar Dragón para asentarse en Izúcar de Matamoros.

Los pobladores del municipio nombraron un consejo ciudadano encargado de defender los intereses y la seguridad de los izucarenses, cada vez más temerosos de que se presente otro accidente. Entre las primeras acciones exigió el retiro de todas las sustancias peligrosas almacenadas en el local de Dragón, además de solicitar a la Comisión Nacional del Agua que informe en qué términos otorgó la concesión para explotar un pozo de agua en terrenos donde funciona dicha empresa, pues desde hace 40 años el valle de Izúcar de Matamoros está en veda para la explotación de nuevos pozos. También el consejo advierte sobre el peligro que constituye el tránsito de vehículos de la citada empresa por las calles de la población y por la carretera federal, pues van cargados de productos peligrosos.

Tampoco falta la denuncia de que las instancias oficiales no la obligan a observar un plan de contingencia que permita alertarla, evacuarla y auxiliarla en caso de un desastre ambiental.

Aunque los pobladores alegan que varias enfermedades crónicas, como la leucemia, se incrementaron desde que la filial de Agricultura Nacional de Veracruz funciona en Izúcar de Matamoros, no existe un estudio epidemiológico que lo demuestre fehacientemente. Deben hacerlo las autoridades para así disipar los temores de la gente. Por su parte, Dragón demandó por difamación a los integrantes del comité y les exige varios millones de pesos en reparación del daño moral que supuestamente le han causado; agrega que hay una campaña en su contra con fines políticos. Sería imperdonable que en Izúcar se repitiera una tragedia como la que hace dos décadas enlutó a Córdoba, y que las instancias oficiales propiciaron por corrupción y negligencia.