La aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas es un avance en la lucha contra las desapariciones forzadas, pero resulta insuficiente si no hay voluntad política real para cumplirla, y sobre todo si no se elabora una ley general contra dicho crimen, señalaron activistas.

Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), consideró importante que las autoridades se hayan decidido a abordar ya el tema, aunque afirmó que la mencionada iniciativa se queda cortísima frente a la gravedad del problema.

Es importante, pero no puede sustituir a una ley general contra la desaparición forzada. En 1999, un grupo de diez organizaciones independientes se lo propusimos al Congreso de la Unión, incluyendo la creación de un banco de datos. Ya habíamos logrado un dictamen a favor, pero después nos lo echaron abajo, deploró.

Otro error grave de la actual legislación es que no se propone acotar el fuero judicial del Ejército, aun cuando dicha instancia –junto con las policías– es la principal responsable de los casos de desaparición forzada en el país, dijo.

Además, no hace una diferencia explícita entre las personas reportadas como extraviadas y ausentes, y las desaparecidas, cuando ambos casos tienen una naturaleza muy distinta.

Todos en el mismo saco

Sobre este mismo punto, Pablo Álvarez, de la organización HIJOS México, señaló que aunque la iniciativa tiene algunos aspectos rescatables, sobre todo en el registro estadístico de muchos casos que no están identificados, la ley no hace distinciones entre víctimas de desaparición forzada y quienes sufrieron un extravío no relacionado con causas políticas.

Nos preocupa que se trate de meter a todos en el mismo saco, porque luego puede ser más difícil identificar cuando estamos frente a un delito de desaparición. En ese sentido, podría servir para homogeneizar casos muy diferentes entre sí, alertó.

Aunque los avances legales siempre tienen aspectos positivos, dijo, es mucho más importante que haya voluntad política real para cumplir con las disposiciones que ya existen. Eso es lo que se necesita para detener el acoso contra los luchadores sociales, e investigar a fondo las desapariciones. No sirve de mucho que haya otra ley, si no hay voluntad para cumplirla.