De última hora y de forma sorpresiva, el Senado aprobó reformas en materia electoral, que endurecen la legislación con el propósito de impedir que el Presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y demás funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno incumplan con la disposición de no difundir obras, logros ni compromisos de gobierno a través de propaganda en los medios de comunicación.

Durante todo el día senadores de PRD y PAN cabildearon con el PRI esa reforma que, a juicio de algunos legisladores, lleva dedicatoria al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, toda vez que prohíbe también la propaganda gratuita, encubierta en programas no noticiosos de radio y televisión, en los que se promueve a los funcionarios.

La reforma establece sanciones para los servidores públicos que incurran en esa violación a la ley y faculta al Instituto Federal Electoral (IFE) para aplicarlas. Se trata de multas equivalentes al precio comercial del tiempo que dure el espot y hasta el doble de dicho monto”.

Con la iniciativa del perredista Pablo Gómez se modifican varios artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) a fin de sancionar a funcionarios, partidos políticos y candidatos que intervengan en campañas políticas o traten de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

En el artículo 350 se perfecciona la regla de la prohibición para contratar, a título oneroso o gratuito, propaganda electoral, extensiva a la promoción de servidores públicos con fines electorales, definiendo la conducta infractora a cargo de concesionarios o permisionarios de radio y televisión como sujetos activos.

Los servidores públicos no podrán contratar propaganda, se detalla en el dictamen ayer aprobado. En ese sentido se precisa que queda prohibida la venta o donación, a título gratuito u oneroso en cualquier modalidad de programación, de tiempo de transmisión a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Asimismo, los concesionarios tienen prohibido vender o donar tiempos en radio o televisión, para fines político-electorales.

Por lo que se refiere a las sanciones, en el dictamen se precisa que se realizó el cambio atendiendo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que se debían establecer montos mínimos y máximos de la multa a la que se hacen acreedores dirigentes y afiliados a los partidos, así como personas físicas y morales.

El senador Arturo Núñez, detalló que otros cambios fueron realizados a propuesta de las autoridades del IFE. Uno de ellos es para flexibilizar los requisitos para los recuentos realizados por ese instituto durante los procesos electorales.

Núñez Jiménez expuso en tribuna que se trata de una reforma electoral modestísima, ya que dejó fuera temas relevantes para garantizar la equidad en la contienda presidencial de 2012. Lamentó que no se hubieran acordado los cambios para ampliar las causales de nulidad de elecciones, lo que posibilita que se presenten irregularidades graves en el 2012, entre ellas que el dinero del crimen llegue a las campañas y los candidatos, sin que haya forma de sancionarlo.

Reforma mínima

El senador del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, reconoció tambien que es “una reforma mínima, que incluye los temas urgentes, necesarios para que el IFE pueda operar.

Sólo el coordinador de los senadores del Verde, Arturo Escobar, se inconformó con el dictamen, que, expuso, se elaboró en el último día del período ordinario que ayer concluyó.