En el último día de sesiones, el Senado aprobó una abultada agenda, con varias iniciativas en materia de seguridad pública, entre ellas una que cancela el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) y establece nuevos ordenamientos para combatir los delitos cometidos a través de telecomunicaciones.

Con el aval de todas las fuerzas políticas se aprobaron esas reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, con las que se obliga a las empresas de telefonía a colaborar con las autoridades judiciales para detectar, en tiempo real, la localización geográfica de las llamadas relacionadas con secuestros, amenazas y extorsiones.

Las telefónicas deberán también garantizar que los usuarios de celulares cuenten con botones de pánico en los aparatos, para poder denunciar situaciones de riesgo. Igualmente se obliga a los centros penitenciarios a contar con equipo que permita bloquear señales de telefonía móvil

Además, dado que se deroga el Renaut, se elimina la obligación de los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones de llevar un registro y control separado de sus clientes. También desaparece la obligación de cancelar las líneas de usuarios de celulares que no los hayan registrado.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, expuso que decidieron cancelar el Renaut porque en el año que lleva de operar ha sido un fracaso, ya que no ha servido para combatir la delincuencia. En cambio, argumentó, ahora sí se están cuidando todos los aspectos para la geolocalización de los aparatos telefónicos, para la cancelación no sólo de las líneas, sino también de los aparatos y que no se puede seguir haciendo uso de los mismos con una tarjeta diferente.

Las empresas, detalló el legislador panista, tendrán un plazo de 72 horas para entregar la información que les solicite la Procuraduría General de la República (PGR) o las procuradurías estatales. En caso de no hacerlo o de incumplir otras disposiciones de la ley, se harán acreedores a multas hasta de 600 mil pesos.

Resaltó que se obliga al bloqueo de la señal telefónica de los penales y diez metros alrededor de los mismos. Esa reforma, dijo, fue consensuada con organismos sociales contra el secuestro, entre ellos el que encabezan Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí. Se posibilita, expuso, no sólo la detección de los aparatos desde los que se delinque, sino el acceso de tecnologías de punta. Hoy, todos lo sabemos, es una de las telefonías más caras del mundo, pero atrasada porque sólo un porcentaje menor cuenta con geolocalizador.

La ley da a los concesionarios un año de plazo para llevar a cabo los cambios y adecuaciones tecnológicas necesarias.

Durante la sesión, el Senado aprobó también expedir la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde se define la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención.

El senador del PRD, René Arce, recalcó que la nueva ley constituirá una herramienta y un enfoque distinto al meramente punitivo, ante el evidente fracaso de una estrategia para combatir el crimen organizado basada exclusivamente en lo armado.

Con esta ley le otorgamos a las autoridades de todos los niveles de gobierno facultades en materia de prevención, pero también les imponemos la obligación de interactuar, coadyuvar y coordinarse con la ciudadanía para conseguir un interés común, que es la seguridad y la tranquilidad.

Igualmente se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de regularizar la prestación de los servicios que ofrecen las empresas, sobre todo en materia de alarma y monitoreo. Deberán darse de alta ante las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública.