La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado por la cual se expide la nueva Ley de Migración, con lo que se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados.

Los legisladores federales también aprobaron el dictamen para crear la policía fronteriza, que estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.

Establece que el nuevo cuerpo de seguridad dependerá de los recursos con los que cuenta la Policía Federal, y se especializará en el combate el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal.

La policía fronteriza perseguirá también la trata de personas y el tráfico de órganos, además de establecer rangos de control y protección a los derechos humanos.

La minuta de la ley en la materia fue aprobada de forma unánime con 432 votos. Esta modifica la naturaleza del Instituto Nacional de Migración (INM), que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, tendrá a su cargo la instrumentación y ejecución de la política migratoria.

Con el fin de combatir la corrupción, en el instituto se formaliza la creación del sistema de profesionalización y certificación de personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza. También se fijan severas sanciones a funcionarios que incurran en maltrato a los extranjeros.

Por lo menos en el papel se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria.

Mientras Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión Especial de Migración, mencionaba los criterios del decreto en tribuna, el sacerdote Alejandro Solalinde, la activista Elvira Arellano y alrededor de 25 migrantes centroamericanos escuchaban con atención los comentarios de la legisladora: Porque a leyes comprometidas con los derechos humanos se debe corresponder con agentes migratorios comprometidos con los derechos humanos.

La ley advierte que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. También la actuación de los servidores públicos del INM se sujetará invariablemente a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la nueva ley.

La presentación de los migrantes en situación irregular sólo podrá realizarse por el instituto, deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.

De las calidades migratorias catalogadas en la ley destacan: la de visitante, que se otorgará a los extranjeros que van a permanecer por estancias cortas en el país, ya sea como turistas o personas de negocios; la de visitantes con permiso para recibir una remuneración en el país, por estancias menores a 180 días; y otra para visitantes o trabajadores de las regiones fronterizas. La residencia temporal se podrá otorgar a los extranjeros que deseen permanecer en el país menos de cuatro años y en esta categoría se incluye a los estudiantes, que podrán radicar en México por el tiempo que duren sus estudios. El residente permanente obtendrá esa categoría cuando pretenda residir indefinidamente en el territorio nacional por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria, por reunificación familiar.

La Secretaría de Gobernación manifestó su satisfacción por la aprobación de dicha legislación. Señaló que esta normativa, en la que el gobierno federal había trabajado desde hace más de cuatro años, es un ejemplo exitoso de la voluntad política de coordinación que existe entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para alcanzar acuerdos en temas de gran relevancia y beneficio social.

En un comunicado, indicó que la aprobación de la ley permitirá modernizar el marco jurídico que regula la migración en todos sus aspectos, así como fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los migrantes y su seguridad.

Gobernación reconoció la participación sustancial que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, quienes con su experiencia enriquecieron el proyecto de ley, y sin cuyo esfuerzo no se hubiera podido avanzar en esta materia.

Agregó que con esta nueva legislación el Estado mexicano refuerza su compromiso inquebrantable con el respeto de los derechos humanos de las personas, independientemente de su situación migratoria.