A un año de su liberación, las indígenas ñañúes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acompañadas por inte- grantes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), anunciaron que demandarán al Estado mexicano para exigirle la reparación de daño económico y moral sufrido durante el proceso que las mantuvo encarceladas de forma irregular por cuatro años.

Luis Arriaga, director general del Prodh, señaló en conferencia de prensa que el pasado miércoles ambas mujeres interpusieron formalmente una queja en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la cual impugnaron la averiguación previa que sirvió para mantenerlas en la cárcel, y la negativa de dicha institución para reconocer su inocencia.

Como se informó en este diario, Alcántara y González fueron detenidas con engaños el 3 de agosto de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, y luego acusadas –junto con Jacinta Francisco Marcial– por el secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), que pretendían realizar un operativo para decomisar mercancía pirata.

Luego de un proceso judicial plagado de irregularidades, según la defensa de las dos mujeres, éstas fueron declaradas culpables y se les impuso una sentencia de 21 años de prisión. Sin embargo, la falta de pruebas en su contra dio lugar a que el 28 de abril de 2010 fueran puestas en libertad por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La cadena de abusos contra Alberta y Teresa, que culminó en su fabricación como culpables, afirmó Arriaga, se debió a que la PGR pretendió utilizar su triple condición de vulnerabilidad: como mujeres, indígenas y pobres.

Faltaron a la presunción de inocencia de las acusadas, nunca dieron pruebas sólidas en su contra e inventaron una historia totalmente inverosímil para fabricarles un crimen de manera dolosa y estigmatizarlas como secuestradoras, señaló el activista.

Por todo ello, las indígenas ñañúes decidieron presentar una demanda de reparación de daño moral contra la PGR, que incluye una demanda de compensación económica por 179 mil 420 pesos para Alcántara y 67 mil pesos para González, además de 20 mil salarios mínimos extra para cada una.

No obstante, Arriaga enfatizó que el asunto principal no es el dinero, sino el hecho de que se garantice que los abusos contra hombres y mujeres inocentes ya no se repita.

Por su parte, Andrés Díaz, miembro del equipo jurídico del Prodh, indicó que la demanda tiene sustento en el artículo 113 constitucional y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y en ella se debe considerar no sólo la afectación económica que padecieron las dos indígenas, sino también los daños sicológicos por haber sido encarceladas sin que cometieran ningún delito.