El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados decidió no votar en el periodo de sesiones que termina esta semana los cambios a la minuta del Senado con la Ley de Seguridad Nacional, con la que se pretendía justificar legalmente los operativos militares ordenados por el Presidente de la República contra la delincuencia organizada y dar más atribuciones al Ejército, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En su retirada, el tricolor pretendió atribuir al panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, la falta de un documento base para el proyecto de dictamen, pero el legislador entregó copias de la transcripción de reuniones en las que priístas –en especial Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas– se negaron a que el documento se aprobara en febrero.

En la versión del 23 de febrero de la reunión de la mesa directiva de la comisión –donde participan los diez secretarios y el presidente–, Ruiz Massieu adujo: “La Ley de Seguridad Nacional creemos que va caminando en un terreno que no está listo… si la forzamos y la llevamos muy pronto a la comisión vamos a matar la viabilidad de una ley que es prioritaria. Y si la apresuramos, la vamos a matar”.

Mes y medio después, el PRI quiso dar lo que en la sesión el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) definió como “un segundo intento de albazo de Francisco Rojas, un rojazo, pero aun así debemos estar alertas, porque aun cuando ya retiraron este proyecto con el que el PAN se dejó encandilar creyendo que le convenía al Presidente, lo pueden volver a intentar”.

Reparto de culpas

Para sacudirse la responsabilidad, Ruiz Massieu y otros priístas retaron a Corral a convocar de inmediato a una sesión de la comisión para comenzar el proceso parlamentario, y minutos después el legislador panista aceptó el lance y citó a reunión para hoy a las 9 de la mañana. ¡A mí no me van a hacer perro del mal!, les reviró Corral desde su curul.

No obstante, en el tricolor se confirmó que la demanda para que la comisión sesione fue sólo para crearse una salida política y en ese intento logró que el pleno modificara el turno de la minuta, para que ésta sea revisada sólo por las comisiones de Gobernación, Defensa y Derechos Humanos, presidida ésta por Humberto Benítez Treviño (PRI), y dejó fuera a las de Justicia y Seguridad Pública, que presiden legisladores panistas.

Asimismo, para presionar al PRI a admitir un debate público de la reforma, el coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, exigió que la Junta de Coordinación convoque a una consulta con organismos defensores de derechos humanos y expertos; que las comisiones dictaminen en la segunda semana de mayo, y la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario la última semana de ese mes.

La decisión del PRI de recular en su intento de aprobar fast track el proyecto que redactaron Alfonso Navarrete Prida, Ruiz Massieu y Rogelio Cerda, se tomó en plenaria matutina de la bancada en la que –de acuerdo con legisladores presentes– ninguno de los oradores que participaron habló en favor de regular los operativos militares.

El acuerdo de la bancada tuvo como base también los tiempos electorales para la sucesión en el estado de México, y aunque la noche del martes el coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez, aseguró que darían el debate con la izquierda, ayer optaron por no cederle una bandera que pudiera utilizar en la campaña para gobernador en aquella entidad.

También se tomó en cuenta el diferendo con el grupo parlamentario del PRI en el Senado y se evaluó que, de votar los cambios a la minuta, ésta ya no podría ser analizada por los senadores, a quienes les habrían dejado la negociación de los ajustes a la Ley de Seguridad Nacional con el gobierno federal y las fuerzas armadas.

Los cambios que pretendía introducir el tricolor permitían que el Ejército y la Marina realizaran labores de inteligencia y contrainteligencia; recabar información de la ciudadanía en retenes y suspender el tránsito libre de personas y mercancías; realizar tareas de espionaje telefónico, previa autorización judicial, y permanecer con operativos de combate al narcotráfico todo el tiempo que el Presidente de la República lo considerara necesario.

Casi a la una de la tarde, luego de una discusión de tres horas en la plenaria, Navarrete Prida confirmó que la minuta no sería votada en el periodo de sesiones que concluye, y que se buscará un marco legal para las fuerzas armadas que no afecte derechos humanos ni le conceda atribuciones extraordinarias al Presidente.

Pero también acotó: Seguimos en la posición de tener una buena Ley de Seguridad Nacional, por difícil que sea de abordar el tema; queremos una ley que cumpla con los principios constitucionales y proteja derechos humanos de los ciudadanos. Y no vamos a entrar en el juego del caldo de cultivo político-electoral, como desafortunadamente sucede en otras fracciones parlamentarias.

Asimismo, en entrevista, la coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, confirmó el interés de su bancada en votar la reforma, y dijo que en la negociación del proyecto los panistas hemos tenido un diálogo permanente, no sólo con las fuerzas armadas, sino con la sociedad civil.

Debate nacional: Raúl Vera

Por su parte, en conferencia de prensa, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, demandó que la Cámara de Diputados convoque a una consulta nacional sobre la ley de seguridad, y reprochó que el proyecto del PRI pretenda dejarle al Ejecutivo la atribución de decidir si una manifestación, una reunión, constituían un peligro a la seguridad, según sus criterios personales.

Ello, agregó el religioso, es imposible en pleno siglo XXI y en el contexto de violencia que vive el país. Se quería potenciar lo que ya está haciendo tanto daño. Que el debate sea nacional. Que se respete la vida del pueblo y empiece a solucionarse un problema del que está ausente la procuración de justicia y la persecución verdadera del delito, afirmó.