a brevedad del tiempo disponible y los desacuerdos entre partidos confirmaron las previsiones negativas acerca de que las grandes reformas planteadas para el casi concluido periodo legislativo quedarían pendientes para sesiones posteriores, ya sea ordinarias o extraordinarias.

Ayer, el Senado trabajó en forma acelerada y con notable acuerdo entre las principales fuerzas políticas para aprobar por unanimidad la llamada ley de lavado de dinero. Pero ni eso es suficiente para asegurar que la nueva disposición entre en vigor de inmediato, pues todavía falta la confirmación de la Cámara de Diputados, la cual difícilmente será procesada entre hoy y mañana.

Por el contrario, el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para reglamentar el uso de las fuerzas armadas en tiempos de paz, quedó congelado en la Cámara de Diputados por falta de acuerdos entre bancadas y con los senadores, además del peso de opiniones contrarias de organismos defensores de derechos humanos.

El priísta Alfonso Navarrete Prida confirmó la paralización del proceso, luego de que el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral, informó que no convocaría en estos días a dictaminar el tema.

La cosecha

En la guerra de las telecomunicaciones un personaje destacado ha sido Francisco Gil Díaz, primero como funcionario público, luego como alto ejecutivo de Avantel y ahora como presidente de la trasnacional española Telefónica para México y Centroamérica. Censurado por haber aceptado ser consejero del grupo financiero HSBC apenas un mes después de haber dejado la Secretaría de Hacienda, Gil Díaz llama ahora la atención por su cambio de actitud en materia de telecomunicaciones. Primero, sobre todo desde Avantel, fue decidido crítico de la actuación de la empresa telefónica dominante, Telmex, y opositor a la posibilidad de que se modificara el título de concesión a la empresa de Carlos Slim, pero al cabo del tiempo y al pasar a Telefónica, sus actitudes ya no son tan radicales. En un artículo titulado Un derecho esencial, Gil Díaz se pronuncia porque la autoridad judicial que tiene que resolver el diferendo entre varias compañías telefónicas por tarifas de interconexión, no intervenga o, en todo caso, que el fallo que emita la Corte no se tome tan en serio. “Lo que resuelve la autoridad no debe presuponerse válido per se”, afirma. Tambien sostiene que a pesar de que tarifas de interconexión bajas podrían reducir precios, no es válido fijar arbitrariamente un precio arguyendo interés público…

También queda pendiente el reclamo de los diputados del Distrito Federal, de todos los partidos, quienes encabezados por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, recordaron a los senadores que también está pendiente la reforma política del Distrito Federal, pues esta entidad no puede mantenerse a la zaga del resto de la República…

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