Por unanimidad, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, al Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación, encaminadas a combatir prácticas oligopólicas y monopólicas. Las modificaciones a esos ordenamientos dotan de mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia (CFC), e incluyen multas por el equivalente a 10 por ciento de los ingresos de los agentes económicos y castigos de cárcel de hasta 10 años.

Ante el pleno, el senador priísta Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, una de las comisiones dictaminadoras, dijo que, al formularse esta ley se fortalece a la CFC en su capacidad de investigación de los agentes económicos, en su comportamiento y en su capacidad de sanción para que imponga multas severas e incluso recurra a la acción penal en caso de prácticas monopólicas absolutas.

La denominada ley antimonopolios, dijo el senador, define como nueva práctica monopólica el poder sustancial conjunto, se refiere a la posibilidad de que dos o más agentes económicos de manera conjunta sean capaces de imponer condiciones en el mercado sin que los competidores puedan contrarrestar dicha acción.

Resaltó que se precisa el periodo de duración del cargo como comisionado presidente de la CFC, que es de cuatro años, con relección por un periodo y es designado por el Presidente de la República.

El senador del PRD Pablo Gómez aseveró en tribuna que el monopolismo está ahogando la economía, la iniciativa, está deteniendo la generación de empleo, está concentrando el ingreso, más de lo que ya está. Pero no olvidemos que el tema político más importante es el del carácter del órgano regulador. El que reciba órdenes del Ejecutivo, el que sea un instrumento para aplicar una política antimonopolios, que no sea neutral, que no sea pareja.

La Comisión Federal de Competencia se congratuló que el Senado haya aprobado por unanimidad las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), como antes lo hizo la Cámara de Diputados, y que elevan las sanciones contra las empresas que incurran en prácticas monopólicas.

Con estas reformas, el Ejecutivo y el Congreso envían una clara señal de voluntad política para poner al consumidor donde debe estar: en el centro de la economía, afirmó Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, según un comunicado de prensa.

En cambio, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, una de las organizaciones del frente Consumidores que impulsó dichas reformas, calificó su aprobación como un tímido avance con alcances limitados para fortalecer a la CFC.

Criticó que la multas no se calculen sobre los ingresos totales de las compañías o corporativos, sino únicamente sobre los que registre su sucursal en México y que la cárcel no se vaya a aplicar en casos de práctica monopólica relativa.

(Con información de Susana González G.)