Un mes después del asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus seis acompañantes, un grupo de jóvenes tiñó de rojo el agua de la fuente de La Paloma de la Paz, en Cuernavaca, en repudio por la muerte de casi 40 mil mexicanos durante la guerra contra el narcotráfico que declaró el gobierno del panista Felipe Calderón, entre ellos más de 400 morelenses, desde 2009.

Los muchachos, integrantes la Red por la Paz y la Justicia, clausuraron en forma simbólica la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Congreso de Morelos porque, aseguraron, no cumplen su función, lo que demuestra que criminales y autoridades se han mimetizado hasta convertirse en uno solo.

Los manifestantes llamaron incompetente al fiscal Pedro Luis Benítez Vélez, exigieron su renuncia y pegaron su foto en una pared de la PGJE con la leyenda: Se busca por incompetente.

Además, dijeron a los 30 legisladores locales que por omisión o comisión son responsables de lo que pasa en Morelos, porque no han cumplido la función de atender y representar al pueblo; menos de llamar a juicio político al gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, a pesar de las acusaciones en su contra de proteger a cárteles de la droga, lo que ha provocado múltiples ejecuciones que han quedado en la impunidad.

También en Cuernavaca, fue hallado el cadáver de un desconocido dentro de una bolsa en la colonia Polvorín.

En tanto, en nueve estados del país ayer fueron asesinadas en enfrentamientos o localizados los cuerpos de 34 personas, presumiblemente vinculadas con la delincuencia organizada.

Cuatro de los presuntos delincuentes –entre ellos dos mujeres– fueron ultimados por militares en el municipio de Benito Juárez, al oriente de Monterrey, Nuevo León.

La Secretaría de Marina ubicó dos cadáveres en una noria luego de que, mediante denuncia ciudadana, detuvo en Cadereyta, Nuevo León, a cuatro hombres y una mujer que confesaron haber cometido secuestros.

Juan Ángel Cázarez Gómez, quien fue baleado el lunes por desconocidos en la colonia Vicente Guerrero, de San Nicolás de los Garza, murió ayer.

A las 17:45 horas, hombres armados despojaron de sus vehículos a cuatro conductores de autobuses urbanos y un taxista para bloquear durante 15 minutos el cruce de Melchor Ocampo e Ignacio Zaragoza, frente al palacio municipal de Monterrey. Hubo cortes a la circulación en otros dos cruces.

En Guerrero fueron hallados cuatro cuerpos decapitados en la parada de autobuses de la comunidad Los Almendros, municipio de Zihuatanejo. En la misma entidad, cerca de El Limón, en Tecpan de Galeana, Sotero Ruiz Rauda y un desconocido fueron ejecutados a balazos.

Javier Herrera García y Héctor Rodríguez Trevizo, agentes de tránsito de Ciudad Juárez, fueron dos de las 12 personas asesinadas en Chihuahua entre la noche del martes y el miércoles. La corporación acuarteló a los demás agentes, que carecen de armas y hasta la mañana de ayer reiniciaron actividades protegidos por municipales. Otras 10 personas fueron asesinadas en esa localidad fronteriza, Delicias, Parral, la ciudad de Chihuahua, Santa Bárbara y Rosales.

Rubén Darío Cortinas Garza, aspirante a la alcaldía de Tancanhuitz, San Luis Potosí, que se renovará en 2012, fue acribillado en su domicilio; militaba en el Partido Conciencia Popular.

El cuerpo de Gerardo López, quien laboraba en el palenque de la feria de Aguascalientes como asistente del gerente de la empresa Gallo, gallística del noreste, fue muerto a golpes y su cuerpo arrojado desde un vehículo en la colonia España.

Fuentes oficiales reportaron que dos personas fueron ultimadas y sus cadáveres localizados en Atizapán de Zaragoza, estado de México; otras dos en el municipio de Sinaloa; uno en Jiquilpan, Michoacán, y otro en Tizapán, Jalisco.

En tanto, ocho comandantes de zona de la Secretaría de Seguridad Pública de Hermosillo, Sonora, fueron aprehendidos ayer. Los acusan de delincuencia organizada, contrabando y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señaló José Larrinaga, vocero de la PGJE, dependencia que efectuó la detención junto con la Procuraduría General de la República.

Los ocho detenidos y otras 13 personas aprehendidas en los dos meses recientes fueron trasladados ayer en dos aviones a diversas prisiones.