La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados defendió su proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque pretende acotar las facultades discrecionales del presidente de la República cuando requiera del uso de las fuerzas armadas para combatir a la delincuencia organizada u otra amenaza a la seguridad interna o externa del país.

Cuando faltan tres días para que culmine el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, el tema de seguridad nacional cobró preponderancia inédita en las filas de los grupos parlamentarios. El PAN ha reiterado la urgencia de aprobar el documento de trabajo elaborado por los diputados priístas Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz Massieu y Rogelio Cerda. El PRD y el PT lo rechazan tácitamente, y el PRI lo impulsa porque observa a lo largo de la República una situación gravísima en materia de seguridad.

La noche del martes, el coordinador del tricolor, Francisco Rojas, advirtió a su bancada: Los primeros interesados en que salga esto somos nosotros. ¿Por qué lo estamos? Porque el país está metido en un lío. Un lío gravísimo que nunca habíamos experimentado en la vida: un problema de inseguridad como la que estamos sufriendo, que no es la cotidiana del robo del reloj en el semáforo o la extorsión telefónica. Estamos ante un asunto verdaderamente de salvajismo, es decir, esas matanzas que viven cotidianamente Tamaulipas, Nuevo León y Durango, que hace cuántos años ustedes ni siquiera se imaginaban que podrían suceder.

En esa intervención, Rojas dijo que el PRI se anotaría un éxito legislativo enorme si logra acotar las facultades hasta ahora discrecionales del Ejecutivo federal y definir las necesidades que requieren las fuerzas armadas para actuar.

El legislador adujo que la bancada de su partido puede inventar pretextos para no votar la reforma, como los procesos electorales, pero finalmente en algún momento cercano los priístas deberán abordar un asunto tan delicado como el darle dirección al Ejecutivo y al Ejército, para enfrentar las situaciones inéditas que vive el país. Pero cada vez que vayamos más adelante será peor y nos enfrentaremos ante problemas mucho más difíciles de corregir.

También, de visita en La Jornada para detallar los alcances del proyecto, Navarrete Prida señaló que el PRI no está pidiendo que se acepte la catástrofe, sino regular algo que ha sido catastrófico: el uso irregular de las fuerzas armadas en tareas policiacas. Que el Presidente no disponga del Ejército y de la Armada como si se tratara de soldados de plomo.

En su argumentación insistió en que no hay un solo artículo del documento que viole derechos humanos, y ejemplificó con la supresión del párrafo que permitía a las fuerzas armadas reprimir movimientos sociales, políticos, electorales y sindicales.

Si hay algo que genera un riesgo real es que el Presidente se brinque la Constitución. Con la reforma, si hay error hay que señalarlo y atenderlo. No estamos buscando un extraño enemigo, sino sujetando las acciones del Ejército al fuero civil y a la conducción del Ministerio Público Federal.

El ex procurador del estado de México insistió en que no hay discrecionalidad para el Ejecutivo en el proyecto de dictamen, sino que se le recortan atribuciones unipersonales y se le dará un estatus legal para que actúe hasta donde la Constitución le da. Resaltó que la situación de grave violencia en el país va en caída libre y se va a agravar, y por eso el interés de su partido de reglamentar el uso del Ejército.

En la misma reunión realizada en La Jornada, el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, admitió que el PRI no sabe si habrá condiciones para que se cumpla el reglamento interior de la Cámara de Diputados, y que la minuta del Senado se apruebe en las cinco comisiones a las que fue turnada. Sin embargo, rechazó que las críticas al documento, desde el interior de su bancada, configuren una división.

Respecto del contenido de la propuesta, explicó que incluso un sector de las fuerzas armadas expresó su renuencia a que el presidente de la República continúe dándoles un uso indiscriminado apagando fuegos, en el Plan DN-III, en campañas de vacunación, erradicando cultivos, y existe un gran rechazo a que los tenga metidos en este asunto.

También la postura del coordinador del PRI, Francisco Rojas, en torno a los críticos de la reforma legal se enfiló a los partidos de izquierda, a los que reclamó su escasa generosidad con el país, porque “en el dictamen se están acotando todas esas facultades discrecionales del Ejecutivo y se está dando en la declaración de procedencia de la actuación de las fuerzas armadas, el acotamiento que debe tenerse para que esa declaratoria sea válida.

Por otro lado, esa misma declaratoria se vuelve el aval en la actuación castrense. ¡Las fuerzas armadas también deben tener una garantía de actuación! ¿En dónde quedan escritas en este momento las instrucciones del Ejecutivo federal a las fuerzas armadas para que vayan y actúen en cualquier estado? ¡En ningún lado!

Como lo solicitaron el martes los diputados del PRI, Navarrete Prida les envió a sus correos electrónicos una copia del proyecto de dictamen, un cuadro comparativo y un resumen de los 14 puntos relevantes de los cambios a la minuta del Senado de la República.

Los documentos resaltan que para el envío de tropas a un estado o región, el presidente de la República deberá hacer una declaratoria en donde aclare la razón que motive su decisión de hacer uso de las fuerzas armadas, el tiempo, el nombre de la autoridad responsable, notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar la constitucionalidad de la declaratoria del Ejecutivo, y que la petición también esté fundada por el Consejo de Seguridad Nacional.

Con ello las decisiones de movilización de tropas en tiempos de paz se vuelve colegiada, lo que demuestra que es falso que se le dé un poder excesivo al Ejecutivo. Esto no inhibe que pueda o deba adoptar medidas rápidas y urgentes, para atender una afectación a la seguridad interior.

El documento que será debatido hoy en la plenaria del PRI afirma que la gradualidad en la definición de los riesgos a la seguridad interna permite establecer que la última medida a adoptar por el Estado mexicano es la suspensión de garantías.

Antes de ello debe agotar todas las medidas que la Constitución define en el ámbito del respeto a la vigencia de los derechos humanos y sus garantías. Incluye un abanico gradual de niveles que pueden afectar la seguridad interior y deja en claro que sólo se puede usar a las fuerzas armadas en casos que atenten contra le existencia y permanencia del Estado, es decir, en casos verdaderamente graves.

Mientras, la Junta de Coordinación Política de la Cámara determinó que el grupo de trabajo que revisa el proyecto de Navarrete Prida lleve a cabo hoy una nueva reunión para continuar suprimiendo de la propuesta los rubros que constituyen un riesgo para los ciudadanos, y que conceden mayores atribuciones al Ejecutivo para la disposición de tropas en operativos en las calles.

Decidió que hoy tomará el acuerdo si el dictamen se vota en comisiones, y el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), consideró que el documento sólo debe ser debatido en las de Seguridad Pública y Defensa Nacional, y excluir a la de Gobernación, que preside el panista Javier Corral, así como a las de Derechos Humanos y de Justicia.