ño y medio atrás el Congreso de la Unión pudo detener el golpe fascista en contra del SME. Pero abdicó de su facultad legislativa constitucional plasmada en el artículo 73 fracción X, permitiendo que un Decreto extinguiera a Luz y Fuerza del Centro (LFC), despidiendo a más de 44 mil trabajadores, hombres y mujeres electricistas. Por elemental decoro legislativo debieron haber citado a los secretarios de Estado involucrados en el ilegal e inconstitucional decreto para conocer de las supuestas razones de que el funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional ni del interés público. Eran los tiempos de la alianza PRI-PAN, hoy rota por la coyuntura electoral, y salvo el rechazo del PRD, PT y Convergencia, la mayoría de diputados y senadores avalaron vergonzosamente el golpe al SME y a una empresa productiva y eficiente, pese a la deliberada política de descapitalización que los gobiernos neoliberales le impusieron para justificar la privatización de la industria eléctrica en la zona centro del país.

La campaña mediática en contra del SME y la saña de quienes la organizaron fue descomunal y nubló durante varios meses la comprensión de las verdaderas razones atrás de la extinción de LFC. Pero el tiempo y la histórica resistencia del SME han terminado por exhibir las mentiras oficiales: 1. No fueron los salarios y prestaciones monstruosas plasmadas en el contrato colectivo, según Calderón y Lozano, las que descapitalizaron y provocaron la crisis financiera de LFC. Con un salario promedio de 6 mil 500 pesos mensuales, el costo laboral apenas representaba un 6% frente a los ingresos totales de LFC en 2008. 2. Las supuestas ineficiencias productivas y operativas de LFC derivaron de una deliberada política presupuestal impuesta por el gobierno federal para impedir la modernización de la infraestructura eléctrica en el centro del país. 3. Como lo ha demostrado la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la causa fundamental que explica las crecientes pérdidas económicas de LFC y de CFE es el enorme peso que han alcanzado las empresas trasnacionales, mismas que venden energía muy cara a CFE y controlan el 50 por ciento de la generación eléctrica en México, violando el artículo 27 constitucional.

La CFE, en los hechos, aunque lo niegue, opera como patrón sustituto de LFC y está convirtiendo la zona centro de México (DF, estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos) en un territorio sembrado de bombas eléctricas de tiempo, por la impericia y falta de capacidad técnica y profesional de sus empresas contratistas. Los apagones, fallas, disturbios, caídas de voltaje, han sido una constante en el pésimo desempeño de sus empresas patito. Desastre eléctrico, corrupción y tarifas eléctricas caras es el saldo de CFE en la zona de LFC y el resto del país.

Año y medio después está muy claro que el gobierno de Calderón no quiere ni desea una salida al conflicto electricista. Su único objetivo es aplastar al SME para garantizar el reparto del botín eléctrico y la fibra óptica de LFC. Es inaceptable que 18 meses después el gobierno siga insistiendo en su indignante oferta de primero liquídate y después veo si te recontrato; que CFE, utilizando los centros de trabajo, los vehículos, el equipo y la infraestructura eléctrica de LFC, siga negando su responsabilidad como patrón sustituto; y que la JFCA y los tribunales laborales sigan dando largas, mediante artimañas legales, a la solución del conflicto, con el único objetivo de rendir por hambre y necesidad económica a 16 mil 599 trabajadores que demandaron por despido injustificado habiendo patrón sustituto.

El turno del Congreso, comenzando por la Cámara de Diputados, es inexcusable. En sus manos está sentar las bases legales y constitucionales para resolver el largo y doloroso conflicto electricista, pero también para normalizar el servicio público de energía eléctrica. El SME tocó, con todo derecho, las puertas del Congreso de la Unión presentando una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en la zona de LFC. El diputado José Narro la formalizó el 11 de noviembre de 2009. A sugerencia de la propia Cámara el SME regresó a la mesa con Gobernación, con la participación directa de una comisión de diputados. En la última reunión, del 16 de marzo, se acordó presentar propuestas distintas para avanzar en una solución negociada. El SME cumplió y Gobernación volvió a dar largas, buscando agotar el tiempo legislativo que concluye el próximo 30 de abril.

El país no puede continuar sujeto a los caprichos de un mal gobierno, de oídos sordos y negado a resolver conflictos sociales, mientras prepara la salida represiva criminalizando la resistencia de los electricistas bajo absurdos cargos de pandillerismo y sabotaje. El turno es del Congreso, de la Cámara de Diputados, aprobando la iniciativa de ley para crear el nuevo organismo público descentralizado en la zona centro del país, contratando inmediatamente a los miles de trabajadores electricistas que no se han liquidado bajo los términos del Contrato Colectivo de Trabajo del SME. ¡Patrón Sustituto Ya!