on altísimas las probabilidades de que en el Senado se ponga freno al replanteamiento de control militarizado que impulsan diputados federales priístas, e incluso es posible que divergencias internas en el propio San Lázaro, y tiempos políticos recortados y recargados, impidan desde allí el avance del proyecto de Ley de Seguridad Nacional (LSN). Las bancadas legislativas de tres colores parecen empecinadas en guerrear a cuenta de iniciativas presentadas por sus respectivos caudillos presidenciables: Manlio Fabio Beltrones en el Senado y Enrique Peña Nieto en la Cámara de Diputados, de tal manera que el remedo de reforma política empujado por el sonorense parece destinado a entramparse, al igual que la LSN patrocinada por el mexiquense.

La accidentada ruta del proyecto de Ley de Seguridad Nacional pasa por problemas procesales que requieren respeto a la normativa camaral, para no generar violaciones que luego puedan ser recusadas, y por el reloj electoral adelantado que verá terminar en unos días el último periodo de sesiones de la actual legislatura, en que aún se podrá llegar a ciertos acuerdos, pues cuando se abra el siguiente periodo, meses más delante, los hervores de las candidaturas y los rejuegos partidistas anularán casi toda posibilidad de avances de fondo en el trabajo legislativo.

Aun así, los promotores de la LSN defienden la esencia de su polémica propuesta. A contracorriente de la percepción de que esa iniciativa de ley abre la puerta a la militarización y concede facultades discrecionales casi dictatoriales al ocupante de Los Pinos, diputados priístas con papel estelar en el asunto, como Alfonso Navarrete Prida y Rogelio Cerda, aseguran que la intención es justamente la contraria: evitar que continúe el manejo de tropas desde Los Pinos sin regulación, ateniéndose el máximo comandante a determinadas letras constitucionales que le permiten usar soldados, marinos y fuerzas federales en general cuando considera que existe alguna forma de perturbación de la seguridad interior. La bancada priísta de San Lázaro, al modificar la minuta que le había enviado el Senado, trata, según los diputados promotores, de obligar a quien ejerza el Poder Ejecutivo federal a informar oportunamente de sus decisiones en materia de expansión castrense para enfrentar afectaciones a la seguridad nacional en términos regionales y de temporalidad definidas. Según esa visión, obligando a Los Pinos a precisar sus razones, y a dejar constancia escrita de motivos, objetivos, términos y alcances de sus decisiones en esta materia, se abre también la posibilidad jurídica de impugnarlas por la vía judicial y eventualmente frenarlas y castigar incumplimientos.

Frente a una realidad de sangre desbordada, insuficiencia institucional y desplome del valor de lo jurídico, los alegatos priístas no son aceptados por quienes ven en el proyecto de LSN una maniobra de cúpulas pripanistas para legalizar las ilegalidades en curso y dotar con toda intención a quien esté en Los Pinos de instrumentos de control social mediante las fuerzas armadas, estableciendo un ambiente de amago militar que cercenará libertades y derechos. No habrán de ser, sin embargo, las protestas y movilizaciones populares las que impidan la aprobación de la LSN sino, según se preveía anoche, los problemas internos del priísmo y los tiempos políticos que ya no dan ni darán más que para dedicarse a la descarnada guerra electoral.

Astillas

Desde algún lugar del estado de México reportan un detalle más del sombrío mural nacional: Estábamos en la sala de la casa mi papá, de 75 años, mi mamá de 70, y yo, terminando de cenar como cualquier familia, eran como las 22:20 cuando se escucharon unos toquidos muy fuertes en la puerta; mi papá se asomó por la ventana para ver qué ocurría y no había hecho esto cuando se oyeron golpes más fuertes y entonces la puerta cedió y entraron alrededor de diez o doce personas armadas, con rifles de alto calibre y pistolas de uso reglamentario; en principio pensé que eran asaltantes y que nos iban a robar. Los sujetos empezaron a decir que eran policía federal y que estaban ahí porque habían secuestrado a una niña de 14 años, que los acompañara alguien porque iban a revisar la casa, que no nos preocupáramos porque no se nos iba a perder nada. Y así lo hicieron: mi mamá los acompañó a la parte alta de la casa y otros revisaron el patio, la accesoria donde tiene mi papá su taller mecánico y hasta la azotea. Nos preguntaron que cuántos vivíamos ahí y a qué se dedicaba mi papá. Una vez realizadas estas acciones dijeron vámonos, vámonos, enciérrense bien, y se fueron dejando nuestra entrada con las chapas voladas. Como comprenderás estamos muy nerviosos porque ya no hay un estado de derecho real, y si ahorita que no se han aprobado sus leyes de seguridad, hacen esto, ¿qué va a pasar después? Yo no sé qué hacer, si levantar una queja o un acta o a dónde debo acudir. Los vecinos cuando vieron la acción llamaron a la policía municipal porque pensaron que nos estaban asaltando, la policía vino y tomó nota de lo ocurrido, nos preguntaron que si se habían identificado, a lo cual le contestamos que no, que sólo dijeron ser policía federal y eso fue todo. Si esto no es un estado fallido está muy cerca de serlo, ya que se meten en tu casa, te aterrorizan sin ninguna orden de cateo o de juez, y sin ninguna garantía de que no vuelva a ocurrir y ahora estamos esperando a ver qué sigue... Y, mientras el PAN le cobra caro al chuchismo el error del estado de México, cerrando las puertas provisionalmente a Guadalupe Acosta Naranjo en Nayarit (donde Nueva Izquierda ya se hacía con un gobernador de alianza como cuota por servicios prestados a Los Pinos), pues el partido de blanco y azul postuló ayer a la todavía perredista Martha García de Echavarría (la otra señora Martha, esposa de quien fue gobernador también por alianzas que luego echó al bote de la basura), pero aceptará que dentro de un mes se haga una consulta para que decline quien menos preferencias tenga... ¡hasta mañana!

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