Toluca, Méx. 27 de abril. Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos, Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen para crear una nueva ley que contempla la posibilidad de que ayuntamientos y gobierno estatal puedan concesionar servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de líquidos residuales.

La nueva Ley de Agua del Estado de México, que implica una reforma al artículo 18 de la Constitución, será puesta a consideración del pleno este jueves, donde se espera sea aprobada, como ocurrió la noche del martes en comisiones, con el voto en favor de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Convergencia.

Acción Nacional se abstuvo en comisiones, mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se opuso al nuevo ordenamiento, advirtió que si la iniciativa se aprueba, el partido y los ayuntamientos que gobierna promoverán una controversia constitucional para impedir la privatización de estos servicios.

El artículo 91 de la iniciativa estipula que los gobiernos estatal, municipales y organismos operadores de agua promoverán y fomentarán la participación organizada de los sectores social y particulares en el financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, conservación, operación y administración de la infraestructura hidráulica, así como de la prestación de servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de las aguas residuales.

La ley incluye aplicar multas de 10 a 10 mil días de salario mínimo, restringir el servicio si el usuario adeuda más de dos periodos y resarcir el daño causado a la infraestructura hidráulica. Sin embargo, no existe ningún apartado que sancione a las empresas que otorguen una mala prestación del servicio o que usen el líquido con fines distintos a la distribución.

La legislación prevé la creación de una Comisión Reguladora, con representantes del gobierno local y ayuntamientos, que se encargará de reglamentar la prestación del servicio de agua potable, sancionar a quien incumpla la ley y proponer las tarifas que cobrarán los ayuntamientos, organismos operadores o bien los particulares a quienes se les haya concesionado el servicio, por un término que no podrá ser mayor a 15 años.

Funcionarios de la Secretaría del Agua y el diputado priísta Martín Sobreyra coincidieron en que la ley busca eficientar y mejorar el servicio y aumentar los niveles de recaudación por el consumo del líquido, lo que permitirá modernizar la infraestructura hidráulica de la entidad.

Pero el diputado perredista Juan Hugo de la Rosa García advirtió que la Comisión Reguladora tendrá facultades para expropiar bienes comunales y ejidos con el propósito de desaparecer los organismos autónomos de agua potable y esto podría provocar conflictos sociales.

En comunidades ancestrales de los municipios de Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz, Chalco, Temamatla, Texcoco, Ecatepec, Tecámac y Coacalco, entre otros, estos comités han evitado que los ayuntamientos se apropien de los pozos para suministrar el servicio a cientos de viviendas de interés social que se edifican en zonas conurbadas al Distrito Federal.

El prosecretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos comentó que este dictamen “viola tratados internacionales en los que se establece que todo ser humano tiene el derecho al agua y el Estado está obligado a otorgar el servicio.

Esta reforma contraviene la ley nacional en la materia, así como concesiones que otorga la Conagua (Comisión Nacional del Agua), e invade esferas municipales, pues incluye la desaparición de organismos operadores de agua, alcantarillado y saneamiento de los ayuntamientos, comentó.

Para el diputado por Nezahualcóyotl, el agua ya no va a ser un servicio, sino una mercancía común y corriente; antes era un derecho por el que se pagaba y hoy va a ser una mercancía que se va a comprar.

Indicó que en la entidad hay 4.5 millones de personas que carecen del líquido o reciben el servicio con deficiencia y a corto plazo la cifra podría duplicarse porque la nueva ley aclara que no será obligación de las empresas dotar de agua a lugares donde no exista infraestructura.

De la Rosa García denunció que la iniciativa del Ejecutivo local fue turnada al Congreso el 14 de abril pasado, la conocieron la semana pasada y ahora pretenden aprobarla fast track sin un análisis serio.