El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) impuso al PRD capitalino la primera sanción en contra de un partido político por intervenir en el proceso de elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos.

En la resolución, la falta fue considerada grave y se aplicó una multa de 27 mil 400 pesos (500 días de salario mínimo).

El monto representa apenas 0.45 por ciento de las prerrogativas del PRD-DF en 2011, pero además, a propuesta de la consejera electoral Claudia Zavala Pérez, el IEDF dará vista al Ministerio Público de la procuraduría capitalina para que proceda en contra de la militante que intervino en dicho proceso de participación ciudadana: Margarita Ortiz Gutiérrez, por aceptar la representación de una de las fórmulas que contendieron en la colonia Francisco Villa, delegación Iztapalapa.

Se indicó que dicha persona incurrió en falsedad de declaración, ya que al solicitar su registro debió firmar una cédula que contiene la inscripción: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que: soy ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de mis derechos; no he sido condenado por delito doloso; no soy servidor público de confianza con mando medio o superior, ni dirigente o representante de partido político alguno en el ámbito local y federal.

El representante del PRD ante el organismo electoral, Miguel Ángel Vásquez, recordó que la Contraloría General del IEDF determinó que ser militante de un partido no se equipara a ser dirigente y sostuvo que tampoco se puede considerar representante en tanto no se demostró que participara con las siglas de su partido.

Por otra parte, durante la sesión de ayer, el presidente del IEDF, Gustavo Anzaldo, cuestionó la forma en que la Asamblea Legislativa intervino en la vida interna del instituto al mandatar en la nueva legislación electoral una restructuración orgánica e incluso, lo diré con mucho respeto, pero con toda claridad, mediante la figura de transitorios cuya redacción es poco ortodoxa.

Lo anterior, al plantearse en el pleno los despidos derivados de dicha restructuración y la incertidumbre que se generó entre todo el personal ante la posibilidad de ser separado de su cargo y reasignado a otra área o cambiados de nivel con un sueldo tabular menor.