San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de abril. En Chiapas, la inversión en ecoturismo e infraestructura, en la lógica gubernamental de desarrollo, está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida de los pueblos originarios, que pugnan desde hace años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos, en el marco de la libre determinación, y que en la práctica ejercen en su proceso autonómico. Esto sostiene la “declaración mundial en apoyo a los indígenas tzeltales de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, que se dará a conocer en breve.

Estos pueblos “conservan históricamente sus recursos naturales y su territorio desde un equilibrio de relación racional y humana; en esa lucha de supervivencia se encuentra la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián, adherentes a la otra campaña en la zona de Agua Azul”.

La declaración explica cómo la embestida privatizadora y expropiatoria del gobierno se ejecuta mediante el proyecto Centro Integralmente Planificado Palenque (CIPP), que es a su vez parte del proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá).

La declaración, que se dará a conocer en el marco de la campaña “5 días ‘más’ de acción mundial por los 5 de Bachajón”, a realizarse del 24 al 28 de abril, se manifiesta por la libertad inmediata de Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Domingo García Gómez y Mariano Demeza Silvano, encarcelados desde el 3 de febrero.

El documento, que promueve el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio, en Nueva York, apunta: Los pueblos que resisten en defensa de sus derechos afrontan, por parte de los gobiernos neoliberales, múltiples acciones que pretenden destruir la organización y el trabajo en la construcción de otros mundos posibles. El gobierno de Chiapas tiene detenidos de manera arbitraria, y en constante hostigamiento y amenazas, a cinco ejidatarios de San Sebastián, todos inocentes de los delitos de los que se les acusa.

La represión más actual contra los ejidatarios ocurrió el 9 de abril, cuando cerca de 800 efectivos de las policías Estatal Preventiva y Federal y el Ejército desalojaron a ejidatarios de San Sebastián “que horas antes habían tomado el control de la caseta de cobro, misma que les habían arrebatado el 2 de febrero, mediante la confabulación del gobierno de Chiapas y ejidatarios ‘oficialistas’”.

La región de Agua Azul se ha convertido en el ejemplo claro de que los gobiernos estatal y federal ejercen toda la fuerza del Estado para el histórico despojo del territorio de los pueblos indígenas.

La declaración se pronuncia por el respeto al derecho a la libre determinación y ejercicio de la autonomía del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón. Estos derechos se encuentran estipulados en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés. También, por el respeto al derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales que tienen como pueblos originarios

Finalmente demanda el retiro inmediato de policías y militares que mantienen sitiada la zona del ejido de San Sebastián, concretamente las entradas al balneario de Agua Azul, que administran los gobiernos estatal y federal.