l más reciente reporte sobre la situación del empleo y la ocupación en el país forma parte del cuento de hadas que cotidianamente se divulga desde el micrófono oficial. La realidad (eterna enemiga del régimen) es muy distinta, como lo documenta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, institución que sintetiza así a la Presidencia del empleo: la base del programa económico calderonista es la informalidad y la precariedad del trabajo.

El CAM, en un addendum a su Reporte de investigación número 89 (Empleo y desempleo durante el desgobierno de Felipe Calderón 2006-2011), elaborado por Luis Lozano Arredondo, David Lozano Tovar, Javier Lozano Tovar y Nubia M. Conde Menchaca, advierte que “el actual gobierno federal, con diferentes pretextos, oculta y/o retrasa la publicación de los datos absolutos de su política económica –que por ley debe dar a conocer–, e intenta ocultar en el mundo de los porcentajes la realidad que vive el país”, toda vez que el desempleo real (con base en la metodología de la Organización Internacional del Trabajo) se aproxima a 15.5 por ciento de la población económicamente activa, proporción equivalente a más de 8 millones de mexicanos (contra 2.1 millones reconocidos oficialmente).

El CAM recuerda que el 4 de mayo de 2010 Felipe Calderón anunció lo que calificó como el mayor crecimiento en la generación de empleo en México en los últimos 17 años, al dar a conocer que en abril se crearon 92 mil 405 nuevos empleos y para el primer cuatrimestre del año ya suman 382 mil plazas de trabajo registradas en el Seguro Social. Estos datos fueron repetidos incansablemente en la mayoría de los medios de comunicación masivos. Sin embargo, lo anterior no fue más que la igualación de estos niveles con los que se tenían en marzo de hace más de dos años, algunos meses antes de que, de octubre de 2008 a mayo de 2009, los trabajadores que cotizaban en el IMSS se redujeran en 701 mil 317, retrocediendo a niveles comparables con los de mediados de 2006, incluso antes de que el declarante se instalara en Los Pinos.

Sin lugar a dudas, precisa el CAM, el mayor crecimiento del empleo se da en el sector informal. “Felipe Calderón afirmó en su primer informe de gobierno que ‘durante este sexenio se buscará promover condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo de llegar en 2012 a crear, al menos, 800 mil empleos formales al año’. En contraposición a su discurso, los comportamientos reales del empleo formal e informal en México desde el último trimestre de 2006 nos presentan un panorama muy diferente. A continuación presentamos las cuentas:

Si el gobierno federal califica como su mayor logro en 17 años la recuperación de 382 mil plazas de entre 701 mil perdidas, ¿cómo habría de calificarse que en lo que va del sexenio, tan sólo en el subsector informal de los hogares, el empleo se haya incrementado en un millón 40 mil 181 personas, lo que representa un aumento de 9.12 por ciento? Además, respecto a la población ocupada, el total de trabajadores informales representaba 54.06 por ciento a finales de 2006, en comparación con el 54.59 por ciento que representó en el tercer trimestre de 2010.

En México la informalidad es la base de la economía nacional. Se puede afirmar que la precariedad y la informalidad de la ocupación sostienen al grueso de la actividad económica del país; ya no se trata solamente de hablar de ambulantes, sino de que se tiene que reconocer que se suma la ocupación sin prestaciones laborales y que es la base de los nuevos intentos de reforma laboral, que es otra parte de la informalidad que no se quiere reconocer por el gobierno federal ni los gobiernos estatales. Podemos darnos cuenta también que desde inicios del sexenio y hasta el tercer trimestre de 2010, los trabajadores formales a nivel nacional aumentaron proporcionalmente menos de lo que aumentaron los empleos informales. De cada cinco nuevos empleos, cuatro son de carácter informal.

Con el precario comportamiento económico del país (promedio anual de 0.9 por ciento en el último cuatrienio), ¿cómo es posible que México tenga (oficialmente) una tasa de desempleo menor que la mayoría de los países miembros de la OCDE? ¿Por qué mientras la tasa de desempleo en México para 2009 fue de 5.4 por ciento, según el gobierno federal, en Estados Unidos fue de 10.4 por ciento (prácticamente el doble)? Existe una contradicción entre la caída del PIB (6.5 por ciento) de la economía mexicana en contraste con el de Estados Unidos, que creció 0.9 por ciento. Este mismo comportamiento es prácticamente igual en casi todos los países de la OCDE; es decir, en todos ellos creció el desempleo en función del crecimiento de la economía.

Como el mismo Inegi reconoce, la tasa de desocupación no mide el desempleo, de allí que la desocupación abierta no sea, ni pretenda ser, la magnitud que exprese cuánta gente necesita trabajar en un lugar y momento determinados o la medida de cuán grande es el déficit de oportunidades laborales. Por ello, el CAM construyó una tasa de desempleo para México partiendo del reconocimiento de que en nuestro país no se mide de acuerdo con los parámetros de la OIT, y el Inegi encubre así, para el segundo trimestre de 2010, a 5 millones 597 mil 546 personas disponibles que no reporta, al lado de los 2 millones 485 mil 925 desocupados. De esta forma podemos afirmar que para septiembre de 2010 el total de la población desempleada en México son 8 millones 106 mil 175 personas. Y la tasa real de desempleo es de 15.41 por ciento, más de tres tantos por arriba de la estadística oficial.

Las rebanadas del pastel

La boca ya la tiene muy grande; también usa lentes, cree en la represión y pugna por rehabilitar el delito de disolución social. Guapo no es, y sólo falta que le crezcan los dientes para que Felipe Calderón sea igual a Gustavo Díaz Ordaz. Y para quien tenga dudas, allí está el proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que “abre la posibilidad de que el presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que ‘constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior’”. (La Jornada, Enrique Méndez).

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