l secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, porfió ayer en la perspectiva optimista que mantiene el gobierno federal de su estrategia contra el crimen organizado. A decir del almirante, las organizaciones del narcotráfico en el noroeste del país se están desbaratando; atribuyó los recientes combates en Veracruz a que la delincuencia organizada trata de apoderarse de algunas plazas y afirmó que la dependencia a su cargo enfoca sus operativos a combatir a Los Zetas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, describió a ese grupo de ex militares como el mayor riesgo para la seguridad interior por la radicalidad y el alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas. En un reporte enviado a integrantes de la Cámara de Diputados, el general secretario señaló que Los Zetas operan en todo el oriente del país, desde la frontera con Estados Unidos hasta Guatemala, y destacó que tienen influencia en cuando menos 20 entidades de la República.

En contraste con los señalamientos mencionados, la firma estadunidense de inteligencia y seguridad Stratfor afirma en un análisis fechado ayer que la Federación de Sinaloa, encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sigue siendo “el mayor y más cohesionado de los cárteles mexicanos, que ha proseguido su expansión en territorios de otras organizaciones criminales” –en particular, en Durango, Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal–, y destaca el dato de que en el primer trimestre de este año el gobierno federal sólo ha detenido a dos dirigentes importantes de ese grupo delictivo. La empresa sostiene que, en el mejor de los casos, la sistémica corrupción en todos los niveles del gobierno lleva a cerrar un ojo ante las actividades de los grupos delictivos y, en el peor, a permitirlas, y que las autoridades mexicanas parecen haber decidido librar una guerra de desgaste, atacando a los objetivos más débiles y dejando que el cártel de Sinaloa se encargue de los otros.

Ante estas apreciaciones encontradas, lo sensato y deseable, en principio, sería dar crédito a las versiones que provienen de autoridades mexicanas, y tomar con escepticismo las de un despacho privado estadunidense. Por desgracia, el propio gobierno federal ha permitido, con sus reportes irreales sobre la guerra que declaró, y con sus pedidos de auxilio a Washington y sus invitaciones al país vecino a intervenir en asuntos de seguridad, que las apreciaciones formuladas en el país vecino –tanto las que emiten organismos y funcionarios públicos como las que realizan entidades privadas– disputen la credibilidad a informaciones que provienen de las instituciones nacionales.

¿Se desbarata el grupo delictivo de Guzmán Loera o sigue siendo el más poderoso de los cárteles? ¿Cuál representa la amenaza mayor, éste o el de Los Zetas?

La equivocada estrategia adoptada por el gobierno y su proclamación de una guerra sin autorización legislativa no sólo han generado el dislocamiento de la seguridad pública en extensas regiones, sino que han arrojado saldos catastróficos por lo que hace a las pérdidas de vidas humanas y han introducido en la mayor parte de la sociedad la percepción –fundamentada, por lo demás– de peligro grave e inminente. En tal circunstancia, y con el contexto de las fosas comunes en las que siguen apareciendo personas asesinadas en San Fernando, Tamaulipas, lo menos que puede exigirse a las autoridades civiles y militares nacionales es que proporcionen información veraz y coherente sobre la angustiosa situación en la que se encuentra México.