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Innecesario, un nuevo marco jurídico: Evalua
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de abril de 2011, p. 29

Para eliminar manejos discrecionales en los programas sociales no se requiere de un nuevo marco jurídico, sino fortalecer la Ley de Desarrollo Social, la cual se ha ido perfeccionando a lo largo de más de 10 años, aseveró Pablo Yanes Rizo, director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalua).

Ayer, la diputada del PRD Karen Quiroga señaló que la ley de bienestar social que entregará el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a la Asamblea Legislativa el lunes próximo integrará los 450 programas sociales que maneja la administración local y ayudará a darles carácter de universalidad.

Al respecto, Yanes Rizo calificó de precipitado decir que se va a proteger 450 programas sociales sin precisar cuáles son ni haberlos evaluado, porque en algunos casos se trata sólo de acciones. Resulta extraño que ahora, en nombre de los derechos, se quieran abrogar leyes que ya los reconocen, como la de adultos mayores, del seguro del desempleo o medicamentos gratuitos.

Al recordar que legislaturas anteriores han hecho reformas o adiciones para reforzar el marco legal de los programas sociales, el director de Evalua dijo que en todo caso una reforma legislativa en materia social debería tener como objetivo fortalecer la Ley de Desarollo Social del Distrito Federal, que incluso es reconocida en otros países, no derogarla.

Puntualizó que la única manera de evitar el clientelismo es la universalidad. Recordó que la citada ley señala como una obligación la publicación de los programas sociales, del padrón de beneficiarios y el uso de la leyenda de que se trata de un programa público.

Así como la realización de auditorías a los programas sociales por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF y la Contraloría General capitalina.

Los principios de la Ley de Desarrollo Social para el DF son universalidad e integralidad, con la perspectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales exigibles por la ciudadanía, a diferencia de los de focalización y transferencias condicionadas.