El Estado policiaco que el presidente Felipe Calderón ha ido conformando llegó al absurdo de procesar por pandillerismo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que protagonizaron un zafarrancho durante una de sus protestas, advirtió el senador perredista Pablo Gómez.

Señaló que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el juez de la causa aplicaron el Código Penal Federal con un criterio eminentemente político.

El senador Gómez recalcó que los trabajadores del SME deben ser enjuiciados por los delitos que pudieran haber cometido por los hechos del pasado día 10 en que protestaron fuera de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no por pandillerismo. Es un exceso, que viola su garantía a la presunción de inocencia mientras dure el juicio.

Al decretar el auto de formal prisión a los trabajadores, con el agravante de actuar en pandilla, significa que para la PGR el SME es una pandilla, no un sindicato, recalcó. Hizo notar que los electricistas fueron detenidos por la policía del DF y el único delito federal que pudieron haber cometido fue provocar daños a una camioneta propiedad de la CFE.

“De ahí en fuera, se trata de un acontecimiento de orden local, que debió ser tratado como lo hicieron las autoridades locales y no con el agravante de pandillerismo, y eso lo hicieron para retenerlos en la cárcel mientras sigue su proceso. ¡Esto no se da en ningún lado! Es típico de un Estado de policía, el acusar de pandillerismo a miembros de una organización sindical. Es típico de Díaz Ordaz, insistió.

“Ahora resulta que el SME es una organización pandilleril y el gobierno ha tenido negociaciones con pandilleros. Es de nueva cuenta –agregó– un criterio político, porque hay un conflicto laboral”.

Pablo Gómez consideró que es parte del proyecto de Estado policiaco de Calderón, presente en todas las iniciativas de ley que ha enviado al Congreso, incluida la más reciente, por la que el Ejecutivo pretende sancionar con mayor facilidad a los halcones, a aquellos que trabajen para el crimen organizado, pero el problema es que se va a ampliar para cualquiera que pudiera apoyar, aun sin saberlo, hechos delictivos.