La senadora Rosario Ibarra envió ayer un escrito a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, en el que le pide se cite a declarar a Luis Echeverría, para dar cauce a la demanda que interpuso contra el ex presidente por su responsabilidad en la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, hace 36 años.

En el oficio, la también presidenta del Comité Eureka, precisa que se ve obligada a formular esa petición, porque transcurrieron ya ocho meses desde que presentó la denuncia contra Echeverría Álvarez, sin que se practiquen los medios de prueba, que ella misma ofreció.

En entrevista, Ibarra explicó que nada se ha hecho, seguramente porque se trata del ex presidente, al que primero los gobiernos del PRI y ahora los del PAN, cubren con el manto de la impunidad.

Recordó que Echeverría fue llevado a juicio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Se le procesó en relación con la masacre estudiantil de Tlatelolco, pero fue absuelto.

Por ello, el 31 de agosto del 2010 presentó denuncia contra el ex presidente, por la desaparición de Jesús Piedra, el 18 de abril de 1975.

En el escrito, Ibarra solicita, además que la PGR gire un oficio al archivo documental de la Femospp, para que remita al agente del Ministerio Público del caso copia certificada de la averiguación previa contra Echeverría integrada por esa fiscalía.

Demanda a la PGR que remita al Ministerio Público copia certificada de los expedientes de Echeverría y de Jesús Piedra Ibarra, que están en poder del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), dependencia que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, realiza las labores de inteligencia política que desempeñaba la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Ibarra recalcó que la desaparición forzada no prescribe y por ello el ex presidente puede ser juzgado por ese delito de lesa humanidad. Durante su sexenio, detalló, fue que se dio el mayor número de secuestros, torturas y asesinatos de jóvenes luchadores sociales y no pueden quedar impunes, como se pretende. Hizo notar que en el proyecto de reformas al Código de Justicia Militar que Felipe Calderón hizo llegar al Senado de la República –para cumplir con la sentencia de la Corte Penal Internacional– sólo incluyó tres delitos por los que miembros de las fuerzas armadas pueden ser juzgados en tribunales civiles, entre ellos el de desaparición forzada, pero le pone una fecha de prescripción de 35 años.

Es obvio, agregó, que Calderón busca proteger a todos aquellos que participaron en la llamada guerra sucia de los setentas, entre ellos Luis Echeverría.