Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a la Cámara de Diputados la copia del contrato que César Nava Vázquez, su ex abogado general y actual diputado del PAN, firmó por 100 mil dólares con el despacho Wynne & Maney LLP para que interviniera, en caso de que se afectaran los intereses de la paraestatal, en el conflicto derivado de un incumplimiento en la venta de residuos de hidrocarburos por el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a la compañía Arriba Limited.

Desde la época de la dirigencia de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, el gremio petrolero recibe de Pemex los residuos obtenidos del proceso de refinación, que son comercializados para obtener recursos que no son reportados a la Cámara ni a ninguna instancia gubernamental.

El conflicto empezó cuando el SNTPRM, dirigido por el ex diputado del PRI Carlos Romero Deschamps, se negó a entregar la cantidad pactada con Arriba Limited, debido a que encontró mejores precios para los productos en Europa, por lo que la compañía interpuso una demanda en Estados Unidos, donde se condenó al gremio a pagar una indemnización de 218 millones de dólares y 10 por ciento de intereses en tanto no realizara el pago.

Incluso, la compañía defraudada por el sindicato trató de embargar 43 millones de dólares depositados en una cuenta en la casa de inversiones Donaldson Lufkin &Jenrette, con sede en Nueva York, comprada en 2000 por The Credit Suisse Group.

El contrato forma parte ya del acervo de la comisión especial de de diputados que investiga la presunta corrupción en Pemex, y que solicitó copias de ése y otros acuerdos económicos, con el argumento de que César Nava habría incumplido sus obligaciones como abogado de la paraestatal y debió representar directamente a la petrolera, sin contratar un despacho.

El contrato, con vigencia del 2 de enero al 31 de diciembre de 2003, fue suscrito por los gerentes de recursos materiales y servicios generales y jurídico consultivo de Pemex, Carlos H. Kaim Chalita y Alfonso Iturbide Guerra, respectivamente, con la sanción jurídica de César Nava, y por el despacho Mark Maney, apoderado general.

Se trata del contrato SC50-743/2002, adjudicado de manera directa y por el cual el despacho realizaría la supervisión y seguimiento del juicio civil que se ventila en los tribunales de Estados Unidos entre la empresa Arriba Limited y el SNTPRM, en previsión de cualquier acción que pudiera afectar directa o indirectamente a Pemex.

En los términos del contrato, los abogados de la petrolera afirmaron que la empresa requería la asistencia calificada de una firma de abogados internacionalmente reconocida con sede en la ciudad de Houston, Texas, donde se llevó a cabo el juicio contra el sindicato.

Sin embargo, en las declaraciones del acuerdo, se resalta que Wynne & Maney LLP se había constituido el 24 de octubre de 2002, esto es, poco más de cuatro meses antes de la firma del contrato, el 2 de enero de 2003, a partir del acuerdo del 10 de diciembre de 2002, asumido por el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la petrolera.

Los abogados tenían la obligación de entregar un reporte mensual a la oficina de Iturbide Guerra, quien dependía directamente de César Nava, respecto de las actividades realizadas en la representación jurídica de Pemex en el juicio.

El monto de los servicios se fijó con un mínimo de 50 mil dólares y un máximo de 100 mil, y los honorarios se pagarían sobre una base de horas/hombre más gastos de representación, los cuales deberán ser razonables y estar debidamente justificados.

Una vez entregados a Iturbide Guerra la factura mensual y el reporte, Pemex se obligaba a pagarla en un término de 30 días, mediante depósitos en la off shore Integrated Trade Systems Inc., que la paraestatal constituyó en Delawere, Estados Unidos, pero cuyas cuentas están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

La única intervención de la oficina de César Nava en el litigio sería la supervisión de los servicios de Wynne & Maney LLP, y a no realizar los pagos sin antes comprobar que los servicios se prestaran de conformidad a las cláusulas suscritas por ambas partes.