Tras conocerse la negativa de la Secretaría de Gobernación a sancionar al vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero Ascención, y la notificación al Instituto Federal Electoral por violaciones a la ley comicial, este organismo busca devolver el expediente a la dependencia para que asuma su responsabilidad de castigar al ministro de culto, a quien encontró responsable de violación a la ley electoral.

También notificará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la respuesta de Gobernación a la queja del PRD, informó el consejero Marco Antonio Baños, quien dijo que la investigación ordenada por el TEPJF concluyó que el religioso violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al llamar a no votar por el PRD. Hay una infracción suficientemente acreditada y Gobernación debe sancionar; hacer lo contrario es renunciar a una facultad expresa y no envía un mensaje adecuado para 2012, porque genera desigualdad.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación ratificó su postura de devolver el expediente al IFE con el argumento de que la aplicación del Cofipe es competencia del instituto, como se anticipaba en la respuesta que mediante un oficio del director de Asociaciones Religiosas, Paulo Tort, remitió al organismo. En el documento se hace referencia a que sigue revisando las quejas que el PRD presentó directamente ante esa instancia, paralelas a la promovida ante el instituto electoral.

A diferencia del escueto oficio, donde no se pronuncia sobre la responsabilidad del vocero de la arquidiócesis, en el comunicado reconoce que la comisión sancionadora resolvió castigarlo al configurarse la infracción contenida en la fracción I del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, nunca mencionó qué sanción aplicó y sólo ratifica su compromiso de preservar la laicidad del Estado, por la promoción de los valores democráticos y por el respeto al principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que promoverá ante el TEPJF un incidente de inejecución de sentencia para obligar a Gobernación a proceder contra Hugo Valdemar por llamar a votar contra su partido.

Se lavó las manos: Zambrano

Criticó que la dependencia se declarara sin facultades para sancionar al religioso, por lo cual le pidió no evadir su responsabilidad y sancionarlo por haber infringido la ley, al entrometerse en asuntos que sólo corresponden al Estado y los partidos políticos.

Zambrano consideró que la dependencia se lavó las manos y lanzó la pelota de vuelta al IFE, pero Gobernación no puede excusarse de cumplir la ley. Sería gravísimo para el país y mandaría un mensaje claro para acrecentar la impunidad y la violación a nuestros preceptos, porque se está negando a aplicar una sentencia ya establecida por el tribunal.

Dijo que pedirá a los magistrados que hagan valer su sentencia, porque el sacerdote violentó el artículo 130 constitucional al hacer un llamado a la ciudadanía a no votar por el PRD en los procesos electorales, y con ello transgredió el Estado laico.

El presidente de la Comisión de Quejas del IFE, Alfredo Figueroa –quien en esa calidad solicitó a la secretaría ejecutiva reaccionar en consecuencia–, consideró que esto sienta un mal precedente respecto de la responsabilidad jurídica y política que deben tener los ministros de culto en el sistema electoral y la separación de la Iglesia y el Estado. Sostuvo que Gobernación está abdicando de sus responsabilidades constitucionales y legales.

En agosto pasado, el PRD presentó una queja contra las arquidiócesis de México y Guadalajara, contra el cardenal de esa ciudad, Juan Sandoval Íñiguez, y el propio Valdemar Romero, por sus críticas al partido luego de la aprobación de los matrimonios entre el mismo sexo en la ciudad de México. El vocero de la arquidiócesis llamó a no votar por el sol azteca, partido al que calificó de más dañino que el crimen organizado por sus políticas, incluida la relacionada con el aborto en la ciudad de México.

Figueroa dijo que “la decisión de Gobernación es contraria a lo resuelto por el TEPJF “y va en contra de la legislación, por lo que el IFE realiza acciones para no admitir esta devolución de la vista que hizo la dependencia y notificar al tribunal la respuesta dada por Gobernación. No es una explicación aceptable, porque se trata de un sistema electoral, y lo que resuelve la tesis del TEPJF es que una queja por violación al Cofipe no se quede en la nada jurídica, sino que se resuelva por la autoridad competente.

Advirtió que hay una tesis relevante del TEPJF que determina que Gobernación sí está posibilitada para sancionar violaciones a la legislación electoral. El IFE investiga las quejas, pero la facultad sancionadora corresponde a la Secretaría de Gobernación, sostiene el TEPJF.

La dependencia federal conoce esta tesis relevante que ratifica lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual establece que se sancionará a los religiosos que trasgredan esta ley y otros ordenamientos aplicables. ¿Cuáles son esos otros ordenamientos aplicables? Pues el Cofipe, entre otros, sostuvo el consejero Figueroa.