Madrid, 19 de abril. Baltasar Garzón fue suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional, con lo que se convirtió en el primer magistrado español en ser apartado de su responsabilidad; por segunda vez y por unanimidad.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció la apertura de juicio oral contra el otrora juez estrella por un cargo de prevaricación y otro de violación de las garantías constitucionales, por su implicación en la investigación de una presunta red de corrupción que involucra a numerosos dirigentes y responsables públicos del derechista Partido Popular.

Garzón está sujeto desde hace dos años a tres procesos penales con los que se quiere inhabilitarlo en forma definitiva.

En mayo del año pasado, se le abrió juicio oral a Garzón por un primer cargo de prevaricación por su investigación de los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista (1939-1975).

El magistrado, además, pretendía descubrir el paradero de miles de personas que todavía yacen en numerosas fosas comunes diseminadas en todo el territorio español, por lo que grupos ultraderechistas y defensores del franquismo presentaron una querella que aceptó de inmediato el Tribunal Supremo, y que llevó a la primera suspensión cautelar del juez.

Menos de un año después, el CGPJ le comunicó por segunda vez a Garzón una suspensión cautelar. En este caso, el magistrado fue acusado por los presuntos autores de la mayor red de corrupción pública en la historia reciente del país, la trama Gürtel, que involucra a poderosos empresarios de la construcción y dirigentes políticos del opositor PP, incluidos el presidente autonómico de Valencia, Francisco Camps, y decenas de diputados, alcaldes y funcionarios públicos.

El órgano judicial consideró que el juez podría ser culpable de prevaricato y violación de garantías constitucionales al ordenar intervenir conversaciones entre prisioneros por actos de corrupción y los abogados de éstos.

El juez cuenta con amplio reconocimiento internacional, sobre todo por su actuación en el juicio contra Augusto Pinochet y la dictadura de las juntas militares argentinas. Este currículum le sirvió para llegar al cargo que actualmente ocupa como asesor de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya.

También tiene una oferta del gobierno colombiano para trabajar en una misión que estará dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero en España, Garzón ha sido cuestionado tanto desde los colectivos del independentismo vasco como de la organización armada ETA, por ser el único juez que adoptó e impuso la postura de que el entorno etarra también era parte integrante de ETA.

Lo anterior sirvió para que fueran detenidas decenas de personas y se ilegalizaran numerosas organizaciones civiles.