El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados reconoció que su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no sólo pretende evitar las huelgas indefinidas, sino que haya menos, así como prohibir que los sindicatos convoquen a paros en solidaridad con otros, e incluso aplicarles responsabilidades cuando las autoridades laborales declaren la inexistencia de un paro de labores.

Lo anterior forma parte de los tres puntos centrales de la iniciativa priísta para conceder a los empresarios flexibilidad numérica, salarial y política, que facilita a los empleadores el despido y la reducción de los sueldos, al ajustar el número de trabajadores y sus ingresos a las condiciones del mercado del producto.

Además, cambiar el escalafón ciego a uno por capacidad, reducir la jornada laboral, eludir el concepto de salario remunerador y aplicar el modelo de pago de sueldos en función de la productividad y condiciones económicas de cada empresa, así como aplicar el salario por hora.

Contratos temporales

En el documento Flexibilidad y justicia laboral en México, que circuló a sus compañeros el diputado Carlos Flores Rico, vicecoordinador de política social de la bancada priísta, se señala que la reforma pretende también constituir un sindicalismo apolítico para deslindar su relación con los partidos, aun cuando la cúpula del Congreso del Trabajo (CT) está sectorizada al Revolucionario Institucional.

El legislador priísta también admite que se busca reglamentar la prueba del recuento de una votación de huelga, al incluir el voto libre y secreto de los trabajadores, que deberán comprobar su personalidad con su nombre, número de nómina, puesto y antigüedad, de listas que serán proporcionadas por los patrones.

Flores Rico señala que entre los temas polémicos de la propuesta del tricolor está la imposición de contratos temporales, por hora o de jornada reducida; de capacitación sin que implique relación laboral, y racionalizar las causales de rescisión de contrato, e incluso acotar a un año el límite para el pago de salarios caídos.

El texto refiere que si bien el PRI abrió un espacio para recibir las opiniones de sindicatos, expertos y partidos hasta el 18 de mayo, la reforma se aprobará porque la iniciativa del partido tricolor trae los mejores apoyos del ámbito empresarial y sindical.

También justifica que la reforma va porque la Ley Federal del Trabajo tiene 40 años, necesita actualizarse y convertirse en impulso competitivo y amparar a segmentos rezagados, así como ampliar la justicia laboral. No obstante, señala que aprobar un dictamen será complejo, porque hay 100 iniciativas y una cantidad formidable de propuestas de modificación, porque el PAN planteó ajustes en 419 artículos, el PRD en 509 y el PRI en 198.

También se ufana de que la iniciativa priísta es de calidad, viable y benéfica, y asegura que es producto de la opinión y colaboración de organizaciones y dirigentes sindicales, empresariales y profesionales del derecho laboral, y de legisladores sensatos y comprometidos con la gente.

Aun así, pondera como benéfico para los trabajadores la aplicación de esquemas de productividad que sólo obligarán a las empresas a otorgar contratos temporales de un mes a sus empleados, comprobar habilidades múltiples y ofrecer empleos por temporadas. Estas modalidades ya habían existido en la legislación laboral (pero) fueron eliminadas de la ley en la reforma realizada en 1970, por haber sido usadas de manera abusiva por patrones que vulneraban el principio de estabilidad en el empleo.

En contraste, indica que la iniciativa priísta otorga supremacía a los contratos por tiempo indeterminado, pero sujetos a un periodo de prueba o de capacitación inicial o de temporada, al término de los cuales el patrón no está obligado a conceder la plaza, y además de improrrogables sólo concederán derechos sociales a los trabajadores en proporción al tiempo que tuvieron el empleo.

Respecto de los salarios caídos, el PRI propuso limitar su pago al equivalente a un año, y con el argumento de hacer eficiente la justicia laboral, si una demanda supera ese periodo, pretende obligar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a pagar el importe salarial excedente, si no resuelve los conflictos antes de 12 meses.

En la evaluación del tricolor, el marco laboral vigente no contribuye a la atracción de inversiones a México, restringe la apertura de nuevas fuentes de trabajo, propicia la exclusión de los trabajadores y abona a las deficiencias de protección a mujeres, discapacitados, menores, jornaleros agrícolas y empleados domésticos.