Diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entrar a fondo en la controversia constitucional que la cámara acordó interponer en contra de los nuevos contratos incentivados de Pemex para la explotación a 50 años de tres campos de hidrocarburos en las comunidades de Santuarios, Carrizo y Magallanes, Tabasco.

La diputada Laura Itzel Castillo (PT) resaltó que la fórmula para el pago de los contratistas que ganen la licitación iniciada el primero de marzo tiene visos de inconstitucionalidad, porque se haría mediante un porcentaje directo del precio de las ventas finales.

Los acuerdos del consejo de administración de Pemex de noviembre autorizan la entrega a empresas privadas de un porcentaje específico de cada barril extraído, mediante la licitación de contratos integrales para exploración y producción, que no son otra cosa que los extintos contratos de riesgo derogados desde la década de los 60 del siglo pasado, por contravenir los intereses de la nación, dijo.

Anunció que el lunes 25 de abril un grupo de diputados se entrevistará con el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, para expresarle nuestra preocupación sobre el tema y demandarle una actuación patriótica, siempre apegada al mandato del artículo 27 constitucional.

En conferencia de prensa, Castillo Juárez recordó que desde noviembre Pemex clasificó como reservada la información de los contratos, específicamente en los términos y condiciones generales.

Explicó que el anexo 3 de cada uno de los modelos de contrato, donde se detalla la fórmula para el pago de los contratistas, incluye un factor de ajuste semestral a la tarifa, con base en el aumento del precio del barril de petróleo, y con ello se determinará el monto del pago por barril, en un periodo de 25 años, prorrogable por otros 25.

Es decir, no sólo se trata de una tarifa que constituye el pago de un porcentaje sobre el valor de las ventas de crudo, sino que Pemex quiere comprometer nuestro patrimonio por medio siglo, cuestionó.

Mientras, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) señaló que la licitación pública para los contratos en Tabasco no cumplen los criterios definidos por la Corte: no correlacionar el pago al contratista del crudo ni con los precios internacionales del petróleo; no estar sujetos a circunstancias futuras, y que sólo se concedan aquellos a los que, de manera típica, se aplican en la industria de exploración y distribución.

El saqueo que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han cometido contra la principal industria del país mediante contratos, está a revisión por una comisión especial de esta cámara, y mientras persista la sospecha no podrían otorgarse nuevos convenios a particulares, nacionales o extranjeros, aclaró.