Agrupaciones campesinas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se confrontan al analizar el panorama de la producción de comestibles en el país.

Los jornaleros sostienen que en menos de una década las importaciones de granos y oleaginosas aumentaron más de la mitad, mientras el gobierno niega que haya dependencia alimentaria, pues sólo destina 7.2 por ciento de sus ingresos para adquirirlos en el exterior.

Las organizaciones sociales asientan que, en dicho lapso, 65 por ciento de los 27 millones de habitantes de las zonas rurales cayeron en pobreza alimentaria, con ingresos menores a dos dólares diarios; se estima que las importaciones de maíz para este año serán de casi 14 millones de toneladas, 4 millones más que el año pasado, y la balanza comercial agroalimentaria cerró 2010 con un saldo negativo de 4 mil millones de dólares.

El Consejo Nacional Agropecuario –organismo que aglutina a los jornaleros comerciales– apunta que de continuar las actuales políticas públicas para el campo, el país se convertirá en el segundo importador de granos y cárnicos del mundo. Será extremadamente caro y difícil encontrar alimentos en el exterior, pues se estima que en 2050 la producción global habrá caído 18 por ciento

Ignacio Rivera Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, afirma que la seguridad alimentaria del país no está en riesgo, pues de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una nación se encuentra en dependencia alimentaria cuando destina más de 25 por ciento de sus ingreso para comprar comestibles en el exterior, y el año pasado México sólo gastó 7.2 por ciento de dichos recursos.

Asegura que ante la nueva estructura programática y el impulso que se está dando a la agricultura familiar para aumentar la producción a menores costos, la Sagarpa enfrentará el actual contexto económico internacional, la globalización de los mercados, el cambio climático y las crecientes amenazas por la sustentabilidad del medio ambiente y las actividades productivas.

Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, duda de los alcances, por lo que refiere algunas de las fallas: Financiera Rural sólo otorga créditos para producir en 2 millones de hectáreas y deja fuera a 4 millones de campesinos, la mayoría minfundistas; los tratados comerciales han favorecido a una minoría de los agricultores; 45 por ciento de las tierras productivas tiene fuerte deterioro; se han perdido más de 2 millones de empleos en el agro, y más familias siguen sumándose a la pobreza.

En tanto, Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, a- punta que en dos meses los precios de semillas y agroquímicos subieron 30 por ciento; hay presiones para que se incremente el de la tortilla ante las altas cotizaciones internacionales del maíz, y el jitomate –producto esencial para los hogares– pasó de 20 a más de 40 pesos el kilo en menos de un mes. Estamos frente a una emergencia en la producción de alimentos y el gobierno lo niega.