El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó la instalación de 16 nuevos juzgados que estarán especializados en cumplimiento y ejecución de sanciones. El objetivo de éstos es supervisar todos los aspectos relativos con el cumplimiento de las penas impuestas a los reos que cometieron delitos federales, revelaron a La Jornada fuentes judiciales.

La creación de estos nuevos órganos jurisdiccionales –que entrarán en vigor el próximo 19 de junio– forma parte de las obligaciones para transformar el sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional en esa materia de 2008.

Estos juzgados, que operan en países sudamericanos como Chile, Argentina y Colombia desde hace por lo menos cinco años, se encargarán de supervisar que se ejecuten las sanciones penales impuestas a más de 22 mil reclusos por los jueces durante los procesos penales federales en México.

Los nuevos juzgados de ejecución ordinaria estarán ubicados en las siguientes ciudades: Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Cancún, Acapulco, Villahermosa, Uruapan, Tijuana, Matamoros y tres más en Toluca. En el Distrito Federal no se tiene contemplada, por ahora, la constitución de ese tipo de órganos jurisdiccionales, ya que el CJF no cuenta con edificios para darles cabida a nuevos juzgados.

Los primeros juzgados especializados en crearse, como parte del cumplimiento al nuevo sistema de justicia penal, fueron los que se encargan de conceder a la Procuraduría General de la República medidas cautelares, como arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas.

El sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, que entró en vigor en México a partir de junio de 2008, tras una importante reforma a diversos artículos de la Carta Magna, implica la adecuación de nuevas especialidades de jueces federales, que van desde aquellos que se encargan de aplicar medidas cautelares, hasta los especializados en procesos penales (conocidos como jueces de vinculación a proceso) y de ejecución de sentencias.

Sin embargo, la Cámara de Diputados aún tiene pendiente realizar una legislación secundaria (modificar el Código Federal de Procedimientos Penales) que reglamente la aplicación de los nuevos instrumentos jurídicos que se avalaron tras la reforma constitucional de 2008, por lo que los jueces de ejecución de sentencias deberán aplicar las porciones normativas de los artículos de la legislación procesal penal mexicana que data de los años 70.